Referentes del CEMI de Paraná cuestionaron el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtieron sobre las consecuencias para familias, instituciones y profesionales. En diálogo con Elonce, destacaron las políticas locales de apoyo.
Referentes del Centro Educativo Municipal Integral (CEMI) de Paraná manifestaron su preocupación por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido aprobada por el Congreso con amplio respaldo y que buscaba brindar alivio a miles de familias, instituciones y profesionales en un contexto crítico del sector.
Javier Albornoz, integrante del equipo técnico de la Dirección General de Integración Municipal, consideró que “es un día amargo para la discapacidad”. En diálogo con Elonce, reflexionó: “Había una gota de esperanza de que esta ley fuera promulgada. Hoy ese horizonte se diluye, aunque aún existe la posibilidad de que ambas cámaras reviertan el veto”.
“Iba a llevar tranquilidad al sector”
Según explicó Albornoz, la ley vetada “iba a brindar, al menos por dos años, una mejora y una tranquilidad en el sistema de atención y cobertura para personas con discapacidad”. En ese sentido, subrayó que el veto “refleja un posicionamiento del Gobierno Nacional respecto al tema”, y advirtió sobre las consecuencias que esto genera en la vida diaria de quienes dependen de prestaciones constantes.
El referente hizo hincapié en que muchas familias no están en condiciones de sostener tratamientos sin apoyo estatal: “No sé cuántas familias pueden costear la atención sin una cobertura continua, sobre todo en un país con un alto costo de vida como el nuestro”.
Por su parte, Sandra Bordón, coordinadora de Discapacidad del municipio, explicó las acciones que se desarrollan desde el CEMI, institución que funciona con fondos municipales. “Brindamos talleres adaptados a las necesidades de cada persona, asesoramos a familias, hacemos abordajes territoriales y articulamos con otras instituciones”, detalló.
Además, remarcó la participación del municipio en el operativo de auditoría de pensiones por discapacidad, destacando que desde el Ejecutivo local se facilitó infraestructura, tránsito y asesoramiento para el acceso de personas a las audiencias. “Estamos trabajando codo a codo para que las personas con discapacidad no enfrenten más obstáculos de los que ya tienen en su vida cotidiana”, expresó.
Bordón también cuestionó la complejidad de los trámites exigidos: “Los requisitos actuales son engorrosos, y muchas personas no tienen soporte familiar o conocimientos digitales. Por eso sumamos un Punto Digital aquí y otro en calle Pellegrini para ayudarlos”.
Otra política destacada mencionada en la entrevista fue la incorporación, por primera vez en la ciudad, de transporte público adaptado. “Fue un eje trabajado por la propia intendenta y estará incluido en la nueva concesión. Esperamos que en diciembre podamos contar con colectivos accesibles para toda la comunidad”, señaló Bordón.
Finalmente, ambos referentes coincidieron en que el veto presidencial a la ley de discapacidad deja al descubierto la necesidad de mantener vivo el debate en la sociedad. “Este tema no es menor, genera incertidumbre en las instituciones, profesionales y familias. Para muchas personas, sin esta ley, el futuro es aún más incierto”, concluyeron.
