REDACCIÓN ELONCE
El régimen de garantías para acceder al alquiler tendrá un cupo inicial de 300 inquilinos y se financiará con el 1,5% de los recursos municipales por fotomultas. El concejal Emiliano Gómez Tutau explicó a Elonce cómo funcionará el sistema.
El régimen de garantías para acceder al alquiler fue aprobado por el Concejo Deliberante de Paraná con el objetivo de asistir a personas que tuvieran capacidad de pago, pero no pudieran presentar las garantías exigidas para firmar un contrato. El programa, denominado “Régimen Garantía Paraná”, comenzaría con un cupo de 300 inquilinos y deberá ser reglamentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.
La iniciativa fue presentada por el concejal Emiliano Gómez Tutau y está destinada a facilitar el acceso y la permanencia en alquileres urbanos de vivienda única familiar dentro del ejido de Paraná. El sistema no implica que el municipio alquile propiedades ni pague directamente los contratos, sino que certificará la capacidad económica del solicitante y respaldará a las empresas que ofrezcan seguros de caución.
El fondo se financiará inicialmente con el 1,5% de los recursos que le correspondieran al municipio por la recaudación de fotomultas. La ordenanza también permitirá incorporar aportes mediante convenios y acuerdos con otros actores vinculados con las políticas habitacionales y el desarrollo urbano.
El problema de las garantías
Gómez Tutau explicó a Elonce que el proyecto fue analizado durante dos o tres meses con la participación de inquilinos, propietarios y representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios. El trabajo permitió relevar las condiciones solicitadas en el mercado y las dificultades que atravesaban quienes no tenían recibos de sueldo suficientes o garantes.
“Pudimos llegar a un estado de situación sobre las exigencias que tiene hoy el mercado de alquileres. En la mayoría de los casos, el instrumento más conocido es el recibo de sueldo, pero muchas veces se pide una cantidad de garantes que no se llega a cubrir por el nivel del monto”, explicó el edil.
El concejal señaló que los seguros de caución se presentaban como una alternativa, aunque sostuvo que muchas empresas terminaban solicitando requisitos similares a los de una garantía tradicional. A partir de ese diagnóstico, el proyecto planteó crear un fondo municipal que respaldara a las compañías adheridas al régimen.
Cómo funcionará el régimen
Las personas interesadas deberán demostrar que cuentan con ingresos suficientes para afrontar el alquiler, aunque no pudieran presentar las garantías reales, personales o financieras solicitadas por propietarios e inmobiliarias. La evaluación estará a cargo del municipio.
“El municipio certificará que la persona está en condiciones de afrontar el gasto de un alquiler. Ese certificado se presentará ante alguna de las entidades o empresas adheridas que ofrecen el seguro de caución”, detalló Gómez Tutau.
De acuerdo con el mecanismo previsto, el inquilino contratará el seguro de caución con una empresa incorporada al programa. El fondo municipal respaldará solidariamente a esa compañía ante una eventual falta de pago, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en la reglamentación.
Un cupo inicial de 300 inquilinos
La primera etapa tendrá capacidad para 300 personas. El número fue definido para otorgar previsibilidad al fondo y permitir una evaluación inicial del funcionamiento del sistema.
“Vamos a comenzar con 300 inquilinos para darle previsibilidad al proyecto y vincularlos con 300 propiedades. La calificación para alquilar será otorgada por el municipio”, indicó el autor de la ordenanza.
Luego de esa primera experiencia, el municipio podrá analizar una ampliación del cupo. Esa posibilidad dependerá de los recursos reunidos, la cantidad de empresas adheridas, la demanda registrada y el comportamiento de los contratos respaldados.
Qué ocurrirá ante una falta de pago
El fondo no entregará dinero directamente a los inquilinos ni reemplazará el pago mensual del alquiler. Su función será respaldar al seguro de caución contratado por la persona seleccionada.
Si se produjera un incumplimiento, la compañía deberá responder según las condiciones del seguro frente al propietario. Posteriormente, podrá recurrir al fondo municipal dentro de los límites y procedimientos fijados por la reglamentación.
“En caso de una eventualidad, la empresa que vendió el seguro de caución hablará con el fondo y reclamará los pagos del alquiler que no se concretaron”, explicó Gómez Tutau.
El financiamiento con las fotomultas
El fondo se constituirá principalmente con el 1,5% de los recursos que ingresaran al municipio por el sistema de fotomultas. El concejal aclaró que la Provincia administraba el 75% de esa recaudación mediante un convenio, mientras que Paraná recibía el porcentaje restante.
“Del porcentaje que va a la Municipalidad vamos a obtener el 1,5% y retroalimentaremos el fondo con convenios y políticas de vivienda”, detalló.
La ordenanza también habilitará la incorporación de recursos provenientes de otros actores. Según el edil, esa flexibilidad permitiría fortalecer el programa, aumentar el número de beneficiarios y vincular el acceso al alquiler con políticas de infraestructura y desarrollo urbano.
Quiénes podrán solicitar el certificado
El régimen estará destinado a personas que pudieran pagar el alquiler, pero tuvieran dificultades para acreditar sus ingresos mediante los mecanismos tradicionales. Dentro de ese grupo se mencionó a monotributistas, trabajadores independientes, profesionales y personas que desarrollaran actividades sin una relación laboral formal.
“Hoy hay muchos monotributistas, trabajadores freelance y profesionales que trabajan, producen y generan ingresos, pero tienen dificultades para demostrar que pueden garantizar un contrato de alquiler”, señaló Gómez Tutau.
La evaluación considerará la capacidad de pago del solicitante. Los criterios, la documentación requerida, los límites de ingresos y las condiciones para permanecer en el programa deberán ser definidos por el Ejecutivo durante la reglamentación.
Cómo será la inscripción
El concejal anticipó que el procedimiento podría desarrollarse a través de internet. Los solicitantes tendrían que cargar sus datos y presentar la documentación necesaria para demostrar que podían afrontar las obligaciones mensuales.
“Hoy todo este tipo de procesos puede hacerse por internet. Se podrán cargar los datos, demostrar la capacidad de pago y, después del análisis, se otorgará el certificado”, explicó.
La Secretaría de Hacienda será el área encargada de implementar la política y definir los mecanismos administrativos. La apertura de las inscripciones dependerá de la promulgación y reglamentación de la ordenanza.
El trabajo con el Ejecutivo
Tras la aprobación en el Concejo Deliberante, el proyecto deberá pasar al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Luego comenzará la elaboración del reglamento que establecerá los requisitos y procedimientos.
“Seguiremos el trabajo con el Ejecutivo para reglamentarla y presentar algo que dé cuenta de cómo se podrá hacer de manera más específica”, afirmó el concejal.
La reglamentación también deberá definir cómo se incorporarán las aseguradoras, qué cobertura ofrecerán, cuáles serán las obligaciones de los beneficiarios y bajo qué condiciones podrá intervenir el fondo.
El alquiler como política habitacional
Gómez Tutau sostuvo que el régimen busca generar confianza entre propietarios, inquilinos, aseguradoras y el municipio. El objetivo es facilitar contratos para personas con ingresos, pero sin garantías aceptadas por el mercado.
“Tanto el propietario como el inquilino son actores de la ciudad que producen y generan. Si hay un instrumento que puede respaldar un contrato de alquiler, tiene que existir una política que genere confianza”, expresó.
“Queremos generar un círculo virtuoso y creemos que este fondo puede ser el principio de muchas acciones de planificación para que tengamos socios en una política habitacional, que es a través de del acceso al alquiler”, argumentó.
El edil señaló que alrededor de cinco millones de personas alquilaban en Argentina y consideró que el acceso a un contrato constituía una de las principales formas de resolver la necesidad habitacional. El alcance concreto del programa municipal se conocerá una vez finalizada su reglamentación y abierta la inscripción para el primer cupo.
