Tras haber sido disuelto en noviembre del año pasado, el Gobierno nacional emitió una serie de lineamientos para completar la liquidación del programa Pro.Cre.Ar., iniciativa que desde 2012 ofrecía líneas de crédito subsidiadas por el Estado para facilitar el acceso a la vivienda. La resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial, marca una nueva etapa en este proceso al detallar los procedimientos para desarticular el fondo fiduciario que gestionaba dichos recursos.
La medida, impulsada por el Ministerio de Economía, busca garantizar la continuidad de los procesos financieros y la adecuada disposición de los bienes vinculados al programa. En este sentido, la Secretaría de Obras Públicas fue designada como responsable de supervisar y ejecutar la liquidación.
A pesar del cierre, se mantendrán ciertas condiciones contractuales previas. Tal es el caso del vínculo con el Banco Hipotecario, que continuará en su rol de fiduciario. “La institución desempeña el rol de fiduciario para la gestión de los créditos individuales que aún deben ser administrados hasta su total liquidación”, detalla la resolución.
Bienes inmuebles, créditos y la intervención de otros organismos
El texto oficial también aclara el destino de los bienes inmuebles que no estén actualmente afectados a contratos de locación de obra. En esos casos, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), conforme a lo dispuesto en el decreto 1018/2024, que formalizó la disolución del programa el 13 de noviembre del año pasado.
Si bien se confirmó el cierre del plan, el Poder Ejecutivo hizo una salvedad al reconocer el contexto social. “No es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”, se indicó en el documento.
De igual manera, se argumentó que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.
Hipotecas divisibles y nueva política de gestión de carteras
Un día antes de la publicación de la resolución, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó algunos de estos movimientos en su cuenta de X. En sus palabras, “el plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las ‘hipotecas divisibles’ para proyectos inmobiliarios en desarrollo”, señalando un cambio en el enfoque hacia mecanismos de financiación más flexibles y orientados al mercado.
En paralelo, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, que depende de la Secretaría de Legal y Técnica, fue instruida para implementar las medidas necesarias vinculadas al contrato de gestión de cobranzas. El objetivo es garantizar que los fondos recaudados se canalicen correctamente hacia las cuentas públicas, descontando los costos de gestión y cualquier retribución pendiente.
“La adopción de las medidas que resulten necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Gestión de Cobranzas a celebrarse entre este ministerio y el Banco Hipotecario S.A., suscribiendo los actos jurídicos pertinentes a dicho efecto”, sostiene el texto difundido este lunes en la madrugada.
Posibles litigios y redistribución de activos
En caso de surgir conflictos legales a raíz del cierre del programa, la Subsecretaría Legal tendrá un rol activo en los procedimientos judiciales pertinentes. La resolución también recordó lo establecido en el artículo 5 del decreto 1018/2024, que autoriza al Ministerio de Economía a transferir inmuebles o unidades a distintos niveles del Estado, como provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos nacionales, previa evaluación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Además, se deja abierta la posibilidad de restituir total o parcialmente aquellos inmuebles aportados originalmente por provincias, municipios u otras jurisdicciones. En este sentido, el texto señala que “podía acordarse su restitución total o parcial a favor del aportante de origen que se trate”, respetando así los compromisos institucionales asumidos con anterioridad. (Con información de Infobae)
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