REDACCIÓN ELONCE
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos dio a conocer un informe que revela el impacto acumulado que generan los derechos de exportación (DEX) en el agro provincial. La estimación surge al cierre de la campaña 2024/25 y con proyecciones para el ciclo próximo. Según el análisis, la carga fiscal implicó que los productores dejaran de percibir unos 6.994 millones de dólares en los últimos quince años, lo que representa un promedio de 466 millones por ciclo agrícola.
A pesar de la baja temporal en las alícuotas dispuesta por el Gobierno Nacional, el documento expone que durante la presente campaña 2024/25 unos 446 millones de dólares no llegaron a manos de los productores y tuvieron otro destino. Para el ciclo 2025/26, si se mantienen los rendimientos promedio de las últimas cinco campañas, se prevé que los ingresos no percibidos alcancen los 371 millones de dólares.
Impacto menor en trigo y cebada
Con respecto al trigo y la cebada, la prórroga que extendió hasta marzo de 2026 la alícuota reducida del 9,5% en retenciones permitió, según la Bolsa, un leve alivio. “Tendría un impacto levemente positivo para los productores entrerrianos, los cuales incrementarían sus ingresos en torno a 12 millones de dólares”, señalaron. Este valor se calculó considerando el promedio de rindes de las últimas cinco campañas y las intenciones actuales de siembra.
Lo que se podría haber invertido
Para dimensionar el impacto de los montos no percibidos, la entidad comparó el promedio anual de USD 466 millones con activos clave para el sector. Esa cifra equivale a cerca de 3.700 tractores de entre 101 y 200 hp, 479.000 vaquillonas con garantía de preñez, más de 1.500 galpones avícolas de pollos o más de 400 galpones de ponedoras de última generación por campaña, según precios actualizados por INDEC y ROSGAN.
“La pérdida de estos recursos afecta directamente la capacidad de inversión, modernización y competitividad del productor entrerriano”, destacaron.
Recursos que no se coparticipan
Uno de los puntos críticos del informe es que los derechos de exportación no son coparticipables. Esto significa que los ingresos fiscales obtenidos por el Estado nacional no se distribuyen entre provincias ni municipios. “Se trata de una transferencia directa desde el sistema productivo al Estado central sin devolución proporcional en obras, servicios básicos o infraestructura rural”, explicaron desde la Bolsa.
Los especialistas subrayaron que, aunque no toda la producción se exporta —ya que parte se industrializa o se destina a alimentación animal—, el impacto de las retenciones es transversal: “Los productores reciben precios inferiores a los internacionales, aun cuando su producción no salga del país”.
Consecuencias en desarrollo y arraigo
El informe advierte que los cerca de USD 500 millones que se pierden por campaña podrían potenciar el agregado de valor, mejorar la eficiencia del sistema productivo, impulsar el empleo y favorecer el arraigo en las comunidades rurales. “Estos recursos podrían usarse en infraestructura crítica como caminos rurales, esenciales para evitar demoras y sobrecostos logísticos que encarecen los productos entrerrianos”, expresaron.
Por último, remarcaron que un agro con mayor dinamismo redundaría en beneficios fiscales indirectos para los gobiernos locales, permitiéndoles planificar políticas públicas a mediano y largo plazo con mayor previsibilidad económica y financiera.
