Los reclamos de jubilados por la cobertura de medicamentos y prestaciones del PAMI llegaron a la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados de la Nación, donde defensores, representantes de clínicas y organizaciones advirtieron sobre las dificultades que atraviesan afiliados para acceder a tratamientos.
Uno de los testimonios fue el del defensor del Pueblo de Villa La Angostura, Sebastián Baltanaz, quien relató por videollamada el caso de un jubilado diagnosticado con cáncer de pulmón que debió recurrir a distintas instancias para conseguir el tratamiento indicado por su médico.
“Para que un jubilado recibiera el tratamiento oncológico que le dictó su médico hicieron falta dos defensorías del pueblo, un defensor público federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”, afirmó Baltanaz, según publicó PERFIL.
El funcionario advirtió además que la situación podría exceder ampliamente los expedientes conocidos. “Por cada caso que llega a la Defensoría hay decenas que no van a llegar, y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera”, remarcó.
La disputa judicial por los medicamentos
Otro de los reclamos expuestos estuvo relacionado con un amparo presentado, entre otras organizaciones, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
En mayo de 2025, la Justicia había ordenado restituir el programa Vivir Mejor, que contemplaba la cobertura automática del 100% de determinados medicamentos, para jubilados de Córdoba. En octubre de ese mismo año, la medida fue extendida a todo el país.
Sin embargo, los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, que intervienen en la causa, afirmaron a PERFIL que la restitución dispuesta judicialmente no se había concretado en los términos reclamados.
Según datos oficiales citados por el medio, 2,2 millones de afiliados quedaron fuera de la cobertura del 100% que tenían ciertos medicamentos y, dentro de ese universo, 1,6 millones consumían regularmente esos remedios.
El medio también relevó información presupuestaria pública del organismo y señaló que para 2026 el ítem de prestaciones farmacéuticas dispone de aproximadamente $2,2 billones, frente a unos $2,5 billones vigentes durante 2025.
Denuncia penal por el incumplimiento
La controversia judicial derivó además en una denuncia penal contra el exdirector del PAMI Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, y el director nacional, Esteban Leguizamo.
De acuerdo con la presentación citada por PERFIL, se investiga a los funcionarios como presuntos responsables, en calidad de autores, cómplices o instigadores, de delitos como desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.
Desde la APDH cuestionaron el presunto incumplimiento de las resoluciones judiciales y consideraron que la situación reviste “enorme gravedad en lo institucional”.
PERFIL indicó además que consultó al PAMI sobre la situación. Desde el organismo desmintieron versiones sobre una supuesta renuncia de Leguizamo, aunque no respondieron otras consultas del medio relacionadas con el cumplimiento de la resolución judicial.
Advierten que la atención de 300.000 jubilados está en riesgo
Los cuestionamientos no estuvieron limitados a la cobertura farmacéutica. Durante la reunión en Diputados, Andrés Sabalette, representante de clínicas y sanatorios prestadores del PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, advirtió que la atención de unos 300.000 jubilados estaría en riesgo.
“Hay un gran atraso en los precios que abona la obra social a los prestadores. Si tomamos como referencia la inflación, es del 80% en estos dos años y medio”, sostuvo.
Según explicó, los valores recibidos por determinadas prestaciones no alcanzarían para cubrir los costos, una situación que habría llevado a suspender intervenciones e internaciones.
“Hoy tenemos una seria limitación de los servicios. Una parte importante está siendo canalizada al sector público, que se encuentra saturado”, advirtió Sabalette.
El representante señaló que el problema también podría afectar la continuidad de algunos establecimientos privados, debido a que en varias de esas clínicas los afiliados del PAMI representan alrededor del 40% de la actividad.
El impacto del precio de los medicamentos
Durante el encuentro también se expusieron datos sobre el incremento que tuvieron distintos medicamentos utilizados habitualmente por personas mayores.
Federico de Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para las Personas Mayores, aseguró que, según un relevamiento realizado por la entidad, algunos medicamentos vinculados con problemas circulatorios acumularon aumentos de hasta el 900% desde el comienzo de la actual gestión, mientras que determinados antibióticos aumentaron un 636%.
A su vez, la última canasta básica elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires había estimado para marzo que un jubilado necesitaba al menos $500.000 mensuales para medicamentos.
La cifra fue comparada durante la exposición con el haber mínimo de agosto, que con el bono incluido se ubicó en torno a los $489.000.
“No queremos vivir con recursos de amparo”
Uno de los testimonios más fuertes fue aportado por Ana Valverde, integrante de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, quien relató las dificultades que atravesó una compañera diagnosticada con cáncer.
Valverde contó que, ante los problemas para acceder a la cobertura, otros jubilados se organizaron para ayudarla económicamente con parte del tratamiento. “Ella murió el año pasado”, recordó.
Finalmente, resumió el reclamo de las organizaciones de adultos mayores con una frase: “Nosotros tenemos unos pocos años más para vivir, pero no queremos vivirlos con recursos de amparo”.