Un policía fue engañado mediante una llamada telefónica y descubrió cuatro créditos que nunca solicitó. La Justicia responsabilizó al banco y ordenó cancelar las deudas y devolver las cuotas descontadas.
La Justicia de Formosa responsabilizó a una entidad bancaria por una estafa de más de $7 millones que sufrió un policía de 34 años. El hombre había recibido una llamada de un supuesto empleado de una empresa de correo y, tras proporcionar un código de verificación, los delincuentes solicitaron cuatro préstamos a su nombre y transfirieron el dinero a una cuenta desconocida.
La resolución fue dictada el 5 de octubre de 2026 por la jueza María Lourdes Leliur, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Formosa. La magistrada ordenó anular los cuatro créditos y devolver las cuotas que habían sido descontadas al damnificado, al considerar que la entidad financiera incumplió su obligación de garantizar la seguridad de las operaciones.
El episodio ocurrió el 20 de agosto de 2025, mientras el hombre se encontraba trabajando. Según la reconstrucción judicial, los delincuentes consiguieron acceder a sus cuentas después de obtener un código de verificación mediante un engaño telefónico.
Una llamada por un supuesto paquete desencadenó la estafa
La maniobra comenzó a las 12.28, cuando el policía recibió una llamada desde un número con característica de Formosa. El interlocutor se presentó como empleado de Andreani y le informó que tenía un paquete pendiente de entrega.
Para completar el supuesto trámite, le solicitó un código de verificación que llegaría a su teléfono celular. El hombre proporcionó la información y el desconocido le aseguró que recibiría los datos de seguimiento del envío por correo electrónico.
Sin embargo, apenas 16 minutos después de iniciada la comunicación, los estafadores ya habían conseguido que se acreditara el primero de los préstamos fraudulentos.
La víctima descubrió lo sucedido dos días después, cuando ingresó a su home banking para realizar un pago. Allí encontró cuatro créditos por $6.000.000, $1.000.000, $141.570 y $19.800, que nunca había solicitado.
También detectó movimientos hacia una billetera virtual y transferencias a una cuenta que desconocía. Ante esta situación, presentó una denuncia policial, acudió a Defensa del Consumidor y posteriormente inició una demanda judicial.
Realizaron 14 transferencias en pocos minutos
La investigación permitió reconstruir cómo se concretó la maniobra a través de ONDA, una billetera virtual vinculada al Banco de Formosa y administrada por Movilcash S.A.
Según los registros incorporados al expediente, a las 12.44 se acreditaron $5.938.980 correspondientes al primer préstamo. Un minuto después comenzaron las transferencias hacia una misma cuenta bancaria.
Entre las 12.45 y las 12.56 se realizaron 14 transferencias consecutivas, de las cuales 13 fueron por $400.000 y la última por $330.000.
Posteriormente, a las 12.58, ingresaron otros $988.980 correspondientes al segundo préstamo. La secuencia continuó hasta después de las 14, cuando se acreditaron los dos créditos restantes y sus fondos también fueron transferidos.
Para la Justicia, la cantidad de operaciones, los montos involucrados y la rapidez con la que se concretaron constituyeron señales que deberían haber activado los sistemas de prevención de fraude de la entidad bancaria.
Por qué la Justicia responsabilizó al banco
Durante el proceso judicial, el Banco de Formosa rechazó su responsabilidad y argumentó que el fraude había sido posible por la conducta imprudente del cliente, quien entregó voluntariamente un código de seguridad a un desconocido.
La entidad sostuvo que no existieron fallas técnicas y que la protección de claves y datos personales era responsabilidad del usuario. Movilcash S.A. presentó una defensa similar.
Sin embargo, la jueza María Lourdes Leliur consideró que esos argumentos no eran suficientes para eximir a las empresas de responsabilidad.
“No resulta suficiente que el Banco y Movilcash S.A., para desligarse de responsabilidad, hayan afirmado que las operaciones fueron realizadas por el propio actor, efectuando todas las validaciones, ignorando los recaudos de seguridad”, señaló la magistrada en su resolución.
El fallo identificó cinco circunstancias que debieron generar alertas: la contratación de cuatro préstamos en aproximadamente una hora y media, el monto elevado del primero, las transferencias inmediatas a un mismo destinatario, la velocidad de las operaciones posteriores y la falta de antecedentes acreditados de movimientos habituales hacia esa cuenta.
La magistrada consideró que, ante esas situaciones, el banco debería haber implementado controles adicionales, como comunicarse con el cliente por una vía diferente para confirmar las operaciones.
El engaño telefónico y las obligaciones de los bancos
La maniobra fue identificada como vishing, una modalidad de estafa en la que los delincuentes realizan llamadas telefónicas y se hacen pasar por representantes de empresas u organismos para obtener información confidencial.
En su análisis, la jueza recordó que las entidades financieras tienen la obligación de implementar mecanismos de prevención de operaciones sospechosas, conforme a las disposiciones del Banco Central y la Ley de Defensa del Consumidor.
Además, incorporó un criterio jurisprudencial que establece que “la seguridad del sistema no debe fundarse en la suspicacia del cliente ni en su conocimiento o experiencia en medios electrónicos”.
La resolución también remarcó que el hecho de que una persona proporcione información durante un engaño no significa que las entidades financieras queden automáticamente liberadas de sus responsabilidades.
En consecuencia, el tribunal consideró que las empresas no habían demostrado haber adoptado medidas suficientes para prevenir las operaciones fraudulentas.
Finalmente, la Justicia hizo lugar al reclamo del policía y ordenó dejar sin efecto los cuatro préstamos contratados fraudulentamente el 20 de agosto de 2025.
También dispuso que el Banco de Formosa reintegrara todas las sumas descontadas en concepto de cuotas dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de la sentencia. (Fuente: Infobae)
