El Gobierno de Entre Ríos cerró el sumario administrativo por irregularidades en 37 comedores escolares de Concordia. Silvina Murúa conserva 22 horas cátedra en el CGE y podría afrontar sanciones disciplinarias.
El Gobierno de Entre Ríos cerró la investigación administrativa de la Causa Comedores, que detectó irregularidades por $103.738.136 en 37 establecimientos escolares de Concordia, y resolvió remitir las actuaciones al Consejo General de Educación (CGE) para evaluar posibles sanciones contra la excoordinadora Silvina Soledad Murúa, quien continúa vinculada al Estado provincial como docente.
La decisión quedó establecida mediante el decreto Nº 3.469, del 21 de octubre, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. La medida aprobó las conclusiones de la información sumaria iniciada en 2025, luego de una auditoría que detectó diferencias en las acreditaciones de fondos destinados a comedores escolares.
Aunque Murúa fue apartada de la Coordinación de Comedores del departamento Concordia, conserva 22 horas cátedra en dos escuelas secundarias. Por ese motivo, la Fiscalía de Estado recomendó evaluar su responsabilidad disciplinaria bajo el Estatuto del Docente Entrerriano.
Qué irregularidades detectó la investigación
La investigación administrativa se concentró en las operaciones realizadas durante marzo y abril de 2025 en 37 comedores escolares del departamento Concordia.
La Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado clausuró la etapa instructora el 10 de agosto y concluyó que “ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario” a la excoordinadora.
Según las conclusiones del expediente, Murúa se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable. También tuvo conocimiento de sobreprecios y otras irregularidades advertidas por supervisores y responsables de las rendiciones, sin adoptar medidas eficaces para corregirlas ni comunicar lo ocurrido a sus superiores.
Direccionamiento de compras hacia tres proveedores
Uno de los principales hallazgos del sumario fue el direccionamiento de compras hacia determinados comercios de Concordia.
El decreto establece que Murúa “intervino activamente en el direccionamiento de compras hacia proveedores determinados”, entre los que se identificaron Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Flores Sandra, según publicó Análisis Digital.
La investigación también acreditó que la exfuncionaria impartió instrucciones sobre la confección de rendiciones y concentró tareas administrativas sensibles en familiares y personas de su confianza.
Estas conclusiones corresponden al procedimiento administrativo provincial. Las eventuales responsabilidades penales de los involucrados continúan bajo investigación judicial.
Murúa conserva 22 horas cátedra y podría recibir sanciones
La Fiscalía de Estado determinó que Murúa ya no puede ser sancionada bajo el régimen de la Ley Provincial Nº 9755 por su desempeño en la Coordinación de Comedores, debido a que fue desvinculada de esa función.
Sin embargo, la exfuncionaria continúa en la planta docente del CGE. Según informó Entre Ríos Ahora, tiene 14 horas cátedra en la Escuela Secundaria Nº 5 de La Criolla y otras ocho en la Escuela Secundaria Nº 10 República de Entre Ríos, de Concordia.
La publicación también señaló que Murúa percibe un salario docente, aunque actualmente no presta servicios por encontrarse con licencia psiquiátrica.
Ante esta situación, el Gobierno provincial dispuso remitir las actuaciones al CGE para que evalúe la apertura de un sumario administrativo conforme al régimen docente.
Por el momento, no se aplicó ninguna sanción disciplinaria vinculada con su cargo educativo. Cualquier medida deberá surgir del procedimiento correspondiente.
Qué sucederá con los familiares y proveedores
La investigación administrativa también examinó la intervención de familiares y personas cercanas a Murúa en la gestión de los comedores escolares.
El decreto señaló que esas personas no cuentan con legajos activos como agentes de la Administración Pública provincial ni de la Municipalidad de Concordia.
Por esa razón, no pueden recibir sanciones disciplinarias dentro del procedimiento administrativo que acaba de concluir.
En cuanto a los proveedores mencionados, la determinación de eventuales responsabilidades quedó supeditada al avance de la investigación penal.
La causa judicial continúa abierta
En paralelo, Silvina Murúa continúa imputada en una investigación penal encabezada por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, quienes investigan presuntas maniobras con fondos públicos destinados a la alimentación de estudiantes.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, desde enero de 2024 la exfuncionaria habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para organizar un sistema de direccionamiento de compras hacia determinados establecimientos comerciales de Concordia.
La investigación también comprende a sus hermanos Adrián y Vanessa Murúa y a su cuñado Esteban Godoy.
Los fiscales sostienen que, mediante presuntas maniobras de intimidación o persuasión, los involucrados habrían condicionado las decisiones de más de 30 responsables de tarjetas de compra de comedores escolares para que adquirieran mercadería en determinados comercios.
Con el cierre del sumario provincial, las irregularidades administrativas quedaron acreditadas en ese ámbito, mientras que el CGE deberá evaluar si corresponde iniciar un procedimiento disciplinario contra Murúa como docente.
La investigación penal sigue abierta y será la Justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades de los imputados.
