El Gobierno dispuso pagar US$234.000 por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La indemnización incluye daños, tratamientos psicológicos y gastos judiciales.
El Gobierno nacional dispuso el pago de 234.000 dólares para cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso denominado “Brítez Arce y otros vs. Argentina”. La medida fue establecida mediante el Decreto 1255/2026, publicado este lunes.
La sentencia había sido dictada el 16 de noviembre de 2022 y estableció indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, gastos correspondientes a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, además del reintegro de costas y gastos judiciales.
El decreto precisó que los beneficiarios de las compensaciones son Ezequiel Martín Avaro y Vanina Verónica Avaro, hijos de Cristina Brítez Arce, junto con el representante legal de las víctimas, René Federico Garrís, a quien se le reconoció una suma en concepto de costas y gastos.
Cómo se distribuirá la indemnización de US$234.000
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, la Corte Interamericana fijó una compensación de 5.000 dólares para cada uno de los hijos de Cristina Brítez Arce, destinada a cubrir gastos por tratamientos psicológicos o psiquiátricos.
Asimismo, ordenó el pago de 64.000 dólares por daños materiales, correspondientes a los ingresos que la mujer dejó de percibir. Ese monto deberá distribuirse en partes iguales entre sus dos hijos.
En concepto de daño inmaterial, el tribunal estableció una indemnización de 60.000 dólares a favor de Cristina Brítez Arce, que también será dividida entre sus hijos. Además, dispuso el pago de otros 25.000 dólares para cada uno de ellos por el mismo concepto.
Gastos judiciales y plazo establecido por la sentencia
La resolución internacional también contempló el reintegro de gastos relacionados con el proceso judicial. En ese sentido, fijó 20.000 dólares para el representante de las víctimas, René Federico Garrís, y otros 15.000 dólares para cada uno de los hijos de Brítez Arce.
El fallo fue notificado al Estado argentino el 18 de enero de 2023 y estableció que el pago debía realizarse dentro del plazo de un año, contado desde el día siguiente a esa notificación.
El decreto publicado este lunes dispuso el cumplimiento de la obligación mediante un pago en efectivo, por el monto total equivalente a 234.000 dólares, conforme a los conceptos establecidos por la Corte Interamericana.
De dónde saldrán los fondos para cumplir la sentencia
El artículo segundo del Decreto 1255/2026 estableció que el gasto será imputado a los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio 2026, dentro de la Jurisdicción 91, denominada Obligaciones a Cargo del Tesoro.
En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo recordó que Argentina reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Ley 23.054, que aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También señaló que las sentencias del tribunal internacional tienen carácter definitivo e inapelable y que su cumplimiento constituye una obligación asumida por el Estado argentino.
En la tramitación del decreto intervinieron los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Economía; y Justicia, junto con sus respectivos servicios de asesoramiento jurídico.
