REDACCIÓN ELONCE
Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctimas, explicó a Elonce los cambios que traerá el nuevo sistema acusatorio federal desde el 30 de noviembre. También analizó la situación penitenciaria, el régimen penal juvenil y las funciones del organismo que encabeza.
El nuevo sistema acusatorio federal comenzará a implementarse en Entre Ríos el 30 de noviembre y modificará el funcionamiento de la Justicia. Juan Ignacio Lazzaneo, recientemente designado defensor público de víctimas, explicó en el programa Plaza Mansilla, de Elonce, los principales cambios del procedimiento y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema penitenciario.
El funcionario, quien anteriormente se desempeñó como juez de Ejecución Penal y Medidas de Seguridad en Concordia, destacó que la reforma otorgará mayor protagonismo a los fiscales y reemplazará numerosas actuaciones escritas por audiencias orales.
“Es un cambio de lógica, que pasa de lo escrito a lo oral y eso implica la presencialidad constante de los operadores del sistema”, explicó Lazzaneo.
Cómo funcionará el nuevo sistema acusatorio federal
El defensor señaló que, bajo el procedimiento actual, gran parte de las investigaciones se desarrolla mediante actuaciones escritas. Con el nuevo modelo, las solicitudes de la Fiscalía deberán plantearse en audiencias ante los jueces correspondientes. “En el sistema acusatorio, todo lo que deba alegar el Ministerio Público Fiscal, quien toma un rol protagónico, lo debe hacer en una audiencia ante un juez de garantía”, precisó.
Entre las decisiones que se resolverán mediante audiencias mencionó las prisiones preventivas, los planteos sobre pruebas y las instancias previas al juicio. El fiscal tendrá a su cargo la investigación, mientras que el juez controlará el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Lazzaneo indicó que la implementación exigirá adaptar los organismos judiciales, tanto en infraestructura como en personal. Si bien reconoció que existen preparativos para afrontar el cambio, consideró que algunas necesidades se conocerán durante su funcionamiento.
El impacto sobre las cárceles entrerrianas
Uno de los aspectos que destacó fue la posibilidad de que los procesos penales concluyan en menos tiempo, especialmente cuando se alcancen acuerdos de juicio abreviado.
Desde su experiencia como juez de ejecución, explicó que una investigación podría finalizar con una condena en un plazo considerablemente menor al de los procedimientos tradicionales. Esa celeridad, aunque representa una ventaja para la administración de justicia, también puede acelerar el ingreso de personas condenadas al sistema penitenciario. “Es un factor que lleva, me parece a mí, a un encarcelamiento mucho más rápido”, sostuvo.
El funcionario recordó que Entre Ríos no cuenta con cárceles federales propias y que existen convenios para alojar detenidos de esa jurisdicción en establecimientos provinciales. Mencionó la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú y la Unidad Penal Nº 3 de Concordia, donde funcionan sectores destinados a personas vinculadas con causas federales.
Los desafíos del régimen penal juvenil
Durante la entrevista, Lazzaneo también fue consultado sobre el régimen penal juvenil y las condiciones para alojar a adolescentes que reciban condenas privativas de la libertad.
El defensor consideró que su implementación constituye un desafío, especialmente por la necesidad de contar con establecimientos adecuados para menores de edad.
“Hoy las cárceles no están preparadas para alojar menores de 18 años”, advirtió.
Además, señaló que el régimen contempla alternativas a la prisión y que la privación de libertad debe aplicarse con mayores restricciones. Reconoció, sin embargo, que desconoce qué establecimientos podrían destinarse a cumplir esas funciones en Entre Ríos.
Qué hace la nueva Defensoría Pública de Víctimas
Lazzaneo explicó que su reciente designación responde a la creación de las defensorías públicas de víctimas, contempladas en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
El organismo tiene competencia exclusivamente federal y puede intervenir en investigaciones relacionadas con trata de personas, explotación sexual o laboral, abusos sexuales y hechos de violencia institucional dentro de ámbitos federales. “Lo que se requiere para tener la asistencia de un defensor de víctima es que la víctima quiera ser asistida por la defensa pública”, explicó.
También señaló que se evalúan las condiciones económicas de quienes solicitan representación, su situación de vulnerabilidad y la gravedad del delito investigado.
La oficina tiene sede en calle 25 de Mayo de Paraná y competencia ante los juzgados federales de toda Entre Ríos, incluidos los de Paraná, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.
Los recursos disponibles para asistir a las víctimas
Respecto de la estructura del organismo, Lazzaneo indicó que actualmente cuenta con una secretaría, mientras que la incorporación de equipos técnicos especializados permanece pendiente.
“Hoy particularmente no están, pero sin perjuicio de lo cual la Defensoría General de la Nación tiene consultores técnicos a los cuales podemos recurrir en caso de que así se lo requiera”, aclaró.
La intervención del defensor se desarrolla dentro del proceso penal y puede comprender el patrocinio jurídico o la representación de las víctimas como querellantes.
El funcionario remarcó que la asistencia no es automática: debe existir voluntad de la persona damnificada de contar con representación pública y deben cumplirse los requisitos establecidos para acceder al servicio.
La imagen de la Justicia y la participación ciudadana
Finalmente, Lazzaneo se refirió a la percepción negativa que parte de la sociedad tiene sobre el Poder Judicial, a partir de una encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Consideró que la oralidad y la posibilidad de presenciar audiencias pueden contribuir a mejorar la transparencia de los procedimientos judiciales.
“Tanto imputados como víctimas, como familiares de las víctimas, familiares de imputados, al poder presenciar las audiencias, obviamente en el caso que se pueda, están viendo claramente qué es lo que sucede dentro”, explicó.
También destacó la experiencia del juicio por jurados en Entre Ríos, al considerar que permite una participación directa de la ciudadanía en decisiones judiciales.
En ese sentido, sostuvo que la intervención de jurados populares puede contribuir a “democratizar algún aspecto de la justicia”, al acercar el funcionamiento de los tribunales a la sociedad y permitir que ciudadanos participen en la resolución de causas penales.
