La Policía Federal realizó cinco allanamientos por una investigación iniciada tras una denuncia de Tandanor. Secuestró USD 367.110, $12,7 millones y un recibo manuscrito por USD 100.000. La causa involucró a un exgerente y a un empresario.
La investigación por presunta corrupción en Tandanor derivó en cinco allanamientos en los que la Policía Federal Argentina secuestró 367.110 dólares, 12,7 millones de pesos y un recibo manuscrito por USD 100.000. La causa, denominada “El empleado infiel”, involucró a un exgerente comercial del astillero estatal y a un empresario.
Los procedimientos fueron realizados el 3 de septiembre por el Departamento Unidad contra la Corrupción de la Policía Federal. Se concretaron cuatro allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Mar del Plata.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del juez Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría N°14, encabezada por José María Ortega Galíndez. Los delitos investigados fueron “administración infiel en perjuicio de la administración” y cohecho.
Cómo comenzó la investigación en Tandanor
Según fuentes del caso citadas por Infobae, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima (Tandanor), empresa estatal que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación.
La presentación se produjo luego de que una auditoría interna, realizada en el marco de la renovación de autoridades, detectara irregularidades relacionadas con servicios prestados por el astillero que no habían sido cobrados.
La pesquisa puso el foco sobre Julio Eduardo Galle, quien se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor, y sobre su presunta vinculación con la firma Lucrimar S.A., dirigida por Antonio Alejandro Napoleone.
Investigan una presunta maniobra por una deuda
De acuerdo con el expediente, Galle habría contactado a Napoleone y le habría ofrecido condonar una deuda cercana a los USD 200.000 que Lucrimar S.A. mantenía con Tandanor a cambio de una suma de dinero.
A partir de esa hipótesis, los investigadores buscaron determinar si se había concretado un esquema de sobornos que habría generado un perjuicio al patrimonio estatal. La maniobra investigada fue estimada en al menos USD 220.000, según las fuentes del caso.
Para avanzar sobre esa hipótesis, los investigadores realizaron un análisis de información técnica, informática y financiera. El trabajo incluyó cruces de datos vinculados con personas, domicilios y vehículos, además de la identificación de propiedades y cajas de seguridad.
El recibo manuscrito que quedó bajo investigación
Durante los procedimientos, la Policía Federal encontró un recibo manuscrito entre los involucrados por USD 100.000, elemento que fue incorporado a la causa y quedó bajo análisis judicial.
También fueron secuestrados 12,7 millones de pesos, computadoras, teléfonos celulares, tablets, pendrives y documentación bancaria y contractual. Además, los agentes encontraron cartas documento e informes financieros relacionados con la investigación.
El principal secuestro de dinero correspondió a 367.110 dólares, que fueron encontrados en un domicilio particular y en una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. Esta última fue clausurada y quedó a disposición de la Justicia.
La Justicia ordenó preservar el dinero y la documentación
Tras los allanamientos, el juez Casanello dispuso el resguardo preventivo del dinero, los dispositivos electrónicos y el resto de la documentación incorporada al expediente.
El material secuestrado quedó sujeto a peritajes y análisis con el objetivo de reconstruir los movimientos financieros y las relaciones contractuales investigadas en la causa.
La pesquisa continuó bajo la órbita de la Justicia Federal para determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer cómo se habría desarrollado la presunta maniobra denunciada por Tandanor.
Se recordará que el gobierno de Néstor Kirchner reestatizó el astillero naval Tandanor -donde se reparó el submarino ARA San Juan y el rompehielos Almirante Irizar- en 2007, que previamente había sido privatizado en 1991 en la gestión de Carlos Menem y luego por los trabajadores después de que quebrara el accionista mayoritario.
