Un juez laboral revocó una sentencia previa y avaló las cesantías en la fábrica de baterías de Larroque, tras un conflicto que se extendió durante dos años.
La Justicia laboral dictó un fallo favorable a la empresa FADEMI, de Larroque, y dejó firmes los despidos de 35 trabajadores que participaron de un prolongado conflicto sindical iniciado en 2024. La resolución revocó una sentencia que había ordenado la reincorporación de los empleados y representó un nuevo capítulo en una disputa marcada por bloqueos, protestas y denuncias de violencia.
La decisión fue adoptada por el juez Julio Armando Grisolía, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 55, quien dejó sin efecto el fallo que había dispuesto el regreso de los trabajadores despedidos durante el conflicto.
La empresa, dedicada a la fabricación de baterías para vehículos, sostuvo que las medidas de fuerza afectaron gravemente la producción y comprometieron su continuidad operativa.
Un conflicto que comenzó por un reclamo salarial
El conflicto se inició en junio de 2024, cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana reclamó una recomposición salarial que, según la empresa, resultaba imposible de afrontar.
De acuerdo con FADEMI, entre abril de 2023 y abril de 2024 los salarios habían aumentado un 400%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 290%. Además, indicó que el sueldo inicial neto alcanzaba los $1,5 millones, con un promedio de bolsillo cercano a los $2 millones.
Tras el fracaso de las negociaciones comenzaron las asambleas, los quites de colaboración y la reducción de la producción. Según la firma, la fabricación cayó al 10% de la capacidad prevista y se dejaron de producir unas 30.000 baterías.
Bloqueos, amenazas y una causa penal
La tensión escaló con el bloqueo de la planta, que impidió el ingreso de camiones y paralizó completamente la producción durante varios días. La empresa afirmó que perdió clientes, sufrió cancelaciones de pedidos y atravesó una severa crisis financiera.
El conflicto también derivó en hechos de violencia. La dueña de la empresa recibió en su domicilio un paquete con dos balas y la inscripción "Familia FADEMI", además de otras intimidaciones denunciadas por la firma.
La investigación judicial permitió identificar a dos empleados de la empresa como presuntos responsables de dejar el paquete intimidatorio. Ambos fueron detenidos, permanecieron dos meses con prisión preventiva y continúan imputados por el delito de coacciones agravadas, con una audiencia de juicio oral prevista para octubre.
