El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos resolvió excluir de la matrícula a un letrado de Paraná tras una condena penal por coacciones, lesiones, amenazas y tenencia ilegítima de armas. La sanción se mantendrá vigente mientras dure la inhabilitación judicial.
Excluyeron de la matrícula a un abogado condenado por una serie de delitos que incluyeron coacciones agravadas, lesiones, amenazas, violación de domicilio y tenencia ilegítima de armas de fuego. La medida fue adoptada por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), que resolvió apartar del ejercicio profesional a Flavio Gabriel Steven, de 31 años, hasta que se cumplan las penas impuestas por la Justicia.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Nº 37.173 del Consejo Directivo del CAER, que dispuso la exclusión de la Matrícula Nº 9379, correspondiente a la Sección Paraná. La sanción administrativa se produjo luego de que la institución recibiera la notificación oficial de la sentencia penal condenatoria dictada en mayo de este año.
Según se informó, el organismo tomó intervención tras recibir de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná una copia del fallo recaído en el legajo “Steven Flavio Gabriel S/ Coacciones”. La resolución judicial fue emitida el 15 de mayo de 2026 y homologó un acuerdo de juicio abreviado.
La condena y la exclusión profesional
La sentencia declaró al abogado autor material y responsable de diversos delitos cometidos entre 2024 y 2025. Entre ellos se encuentran daño, violación de domicilio, coacciones agravadas, amenazas simples, lesiones en concurso real, lesiones graves en grado de tentativa y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Como consecuencia de esa condena, Steven recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, la Justicia le impuso el cumplimiento de estrictas normas de conducta y el pago de una multa de mil pesos, conforme a las disposiciones previstas en el Código Penal.
La exclusión de la matrícula fue comunicada formalmente el 8 de junio y se fundamentó en la Ley Provincial Nº 10.855, normativa que regula el ejercicio profesional de los abogados y contempla sanciones para quienes hayan sido condenados a penas privativas de la libertad. La resolución también ordenó la publicación de la medida en el Boletín Oficial de Entre Ríos y en medios periodísticos de la región.
Un primer ataque en Cerrito
Los hechos que derivaron en la condena comenzaron a registrarse durante febrero de 2024. De acuerdo con la investigación judicial, el primer episodio de gravedad ocurrió el 26 de febrero de ese año en una vivienda de la ciudad de Cerrito.
Según la reconstrucción de la causa, Steven se presentó en el domicilio de una mujer y, tras romper a patadas la puerta de ingreso, irrumpió de manera violenta en la propiedad. Una vez dentro, utilizó un arma de fuego para amenazar a la víctima y exigirle el pago de una supuesta deuda por honorarios profesionales.
Durante el episodio, la mujer sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones en el rostro y en las piernas. Ese hecho constituyó uno de los principales antecedentes considerados por la Justicia al momento de evaluar la conducta del imputado y determinar la condena.
Escalada de violencia y ataque con machete
La investigación también acreditó que los episodios violentos continuaron durante abril de 2025. El 3 de ese mes, el abogado protagonizó una situación intimidatoria contra un hombre en el marco de un conflicto relacionado con el arrendamiento de un campo.
Sin embargo, el hecho más grave ocurrió al día siguiente. El 4 de abril, Steven embistió deliberadamente con su camioneta Toyota Hilux el vehículo de otro hombre. Tras el impacto, descendió armado con un machete y atacó a la víctima, provocándole heridas cortantes en el brazo y el hombro.
La Justicia calificó ese episodio como lesiones graves en grado de tentativa. Posteriormente, en un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Mariano Budasoff, la Policía secuestró dos revólveres calibre .32 largo, marcas Dillon y Tango, que se encontraban aptos para funcionar y cuya tenencia carecía de autorización legal, publicó Uno.
Como parte del acuerdo de juicio abreviado, el abogado reconoció su responsabilidad en los hechos investigados. Además, se le impusieron restricciones de acercamiento y prohibición de cualquier acto de intimidación hacia las víctimas. También se dispuso una reparación económica de 200.000 pesos para la mujer agredida en Cerrito y la condonación total de la deuda por honorarios profesionales que había originado el primer episodio de violencia.
