REDACCIÓN ELONCE
La crisis de SanCor sumó un nuevo frente judicial luego de que un grupo de acreedores presentara acciones para detener la venta de plantas y marcas de la cooperativa. Impulsan un plan alternativo para preservar la actividad productiva, los empleos y la estructura regional.
La SanCor acreedores buscan frenar el remate se convirtió en uno de los principales focos de conflicto alrededor del futuro de la histórica cooperativa láctea. Un consorcio integrado por acreedores laborales y comerciales, productores tamberos y asociados de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (C.U.L.) lanzó una ofensiva judicial, institucional y política para intentar detener el proceso de liquidación de activos impulsado tras la quiebra de la empresa.
La principal herramienta presentada fue una medida cautelar autónoma de prohibición de innovar ante la Justicia de Rafaela. El objetivo es suspender el llamado a licitación forzada de las seis plantas industriales y del portafolio de marcas de la compañía, cuya venta forma parte del proceso judicial abierto para atender las acreencias acumuladas durante años de crisis financiera.
La presentación se produjo en el marco del expediente que atraviesa SanCor luego de un prolongado proceso de deterioro económico que incluyó concurso preventivo y posterior declaración de quiebra. Los impulsores de la medida sostienen que la liquidación de los activos podría significar la desaparición definitiva de una estructura productiva que durante décadas ocupó un lugar central en la industria láctea argentina.
Una crisis que desembocó en la quiebra
La situación de SanCor fue el resultado de un proceso de dificultades financieras que se extendió durante años y afectó tanto su capacidad productiva como su vínculo con trabajadores, proveedores y productores. La cooperativa acumuló una deuda cercana a los 120 millones de dólares, compuesta por obligaciones comerciales, laborales, fiscales y compromisos con distintos actores de la cadena láctea.
La declaración de quiebra abrió una nueva etapa enfocada en la realización de activos para atender los reclamos de los acreedores. Sin embargo, parte de esos mismos acreedores considera que la estrategia de venta fragmentada podría destruir valor y dificultar cualquier posibilidad de recuperación de la compañía.
Desde el Consorcio sostienen que la discusión excede la resolución de un pasivo económico. Argumentan que la continuidad de SanCor involucra a miles de trabajadores, productores tamberos, proveedores y comunidades que dependen directa o indirectamente de la actividad de la empresa.
Reclamos contra la liquidación de activos
El eje central de la ofensiva judicial apunta a evitar que la venta de plantas industriales y marcas termine provocando una fragmentación irreversible de la cooperativa. Los acreedores aseguran que existe margen para analizar alternativas de continuidad que permitan mantener operativa la estructura productiva.
En ese marco, además de la medida cautelar, el Consorcio presentó un recurso directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela. Allí cuestionaron decisiones adoptadas durante el proceso que derivó en la quiebra y plantearon la necesidad de revisar aspectos vinculados a la continuidad empresarial.
Uno de los puntos más sensibles del reclamo se relaciona con el rechazo de un plan alternativo de reorganización. Según denunciaron, el tratamiento de esa propuesta fue cerrado el mismo día en que se decretó la quiebra y por una diferencia de apenas 14 minutos registrada en el sistema informático judicial. Para los acreedores, esa situación impidió discutir una salida diferente a la liquidación.
Quiénes integran el frente acreedor
El Consorcio reúne a diversos sectores afectados por la crisis de la cooperativa. Entre sus integrantes figuran acreedores laborales y comerciales, productores tamberos y asociados de SanCor C.U.L., quienes buscan coordinar una estrategia común para preservar la actividad de la empresa.
La representación legal está a cargo del estudio Regali & Asociados, encabezado por los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo. Desde ese espacio remarcaron que el objetivo es defender los intereses de quienes quedaron perjudicados por la crisis y explorar mecanismos que permitan reactivar la compañía.
En paralelo, el grupo también solicitó que se profundice la investigación sobre los incendios que afectaron el núcleo operativo de la planta ubicada en Sunchales. Los representantes del Consorcio plantearon que, de confirmarse la intencionalidad de esos siniestros, podría haberse generado una pérdida significativa del valor de los activos, con impacto directo sobre los acreedores.
El interés por las plantas y las marcas
Mientras se desarrolla la disputa judicial, continúa vigente el proceso de licitación de los activos de la cooperativa. El esquema contempla la venta de seis plantas industriales junto con el paquete de marcas históricas de SanCor, con una base cercana a los 52 millones de dólares.
Los establecimientos incluidos en la operación se encuentran en Sunchales, Gálvez, Devoto, La Carlota, Balnearia y San Guillermo. El interrogante central es si surgirá un inversor dispuesto a adquirir la operación completa o si los activos terminarán distribuidos entre distintos compradores.
El proceso despertó interés dentro del sector lácteo y agroindustrial. Entre los grupos mencionados como potenciales interesados aparecen Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela. También trascendió la existencia de inversores que analizan propuestas integrales orientadas a recuperar la actividad productiva.
El Plan 51/49 para intentar salvar a SanCor
Como alternativa al proceso de liquidación, el Consorcio impulsa una propuesta denominada Plan 51/49. La iniciativa contempla que el 51% de la empresa quede en manos de capitales privados, nacionales o extranjeros, que aporten fondos para recomponer el capital de trabajo y poner nuevamente en funcionamiento las plantas industriales.
El 49% restante quedaría integrado en un fideicomiso productivo conformado por trabajadores, productores tamberos y proveedores, publicó IProfesional. Bajo este esquema, las acreencias acumuladas se transformarían en participación accionaria dentro de una nueva estructura empresarial.
Desde el Consorcio sostuvieron que la propuesta busca preservar el entramado productivo y evitar la desaparición de una marca emblemática de la industria nacional. En un documento difundido públicamente afirmaron: "No estamos defendiendo solo una empresa; estamos defendiendo un ideal de país basado en el trabajo digno". Asimismo, advirtieron: "No vamos a permitir que tiren a la basura casi 100 años de historia productiva nacional por un tecnicismo informático".
La definición del futuro de SanCor aparece así como mucho más que una discusión sobre activos y pasivos. En juego se encuentran una marca histórica, una red industrial construida durante décadas y miles de puestos de trabajo vinculados a una de las cooperativas más emblemáticas de la Argentina.
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