Empleados de la planta “La China” iniciaron trabajo a reglamento, o también conocido como "trabajo a desgano" tras el pago parcial de salarios. Denuncian atrasos reiterados y advierten por el impacto en la economía familiar.
Trabajadores de la planta “La China” de la avícola Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, iniciaron una medida de fuerza bajo la modalidad de trabajo a reglamento, o también conocido como trabajo a desgano, en reclamo a la empresa por el incumplimiento de un acuerdo salarial firmado en la Secretaría provincial de Trabajo.
El trabajo a reglamento es una forma de protesta por la que los empleados reducen al mínimo el ritmo de trabajo y cumplen estrictamente lo que dicen las normas; lo que genera que lleven adelante la menor cantidad de tareas posibles.
El conflicto se profundizó luego de que la empresa abonara este lunes solo una parte de la cuota salarial que debía haber sido cancelada en su totalidad el viernes anterior. Según indicaron los empleados, la modalidad de pagos fraccionados se repite desde hace meses y afecta directamente su economía diaria; de hecho, señalaron dificultades para afrontar gastos básicos e incluso el corte de servicios, publicó La Calle.
Atrasos salariales y caída en la producción
El malestar creció ante la reiteración de incumplimientos y el pago en cuotas de los haberes, que en algunos casos se divide en hasta cinco partes. Esta situación derivó en una baja del ritmo productivo dentro de la planta.
El conflicto se arrastra desde comienzos de 2024 y ya incluyó la paralización de la planta durante diez días en enero y un lockout patronal en marzo. En los últimos días, también se dispuso la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales, con pagos del 65% en jornadas sin actividad.
Crisis empresarial y medidas judiciales
Desde la firma argumentaron que la crisis responde a la caída de ventas, el cierre de mercados de exportación y la pérdida del mercado chino tras los brotes de gripe aviar registrados en 2023.
La empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis y enfrenta una compleja situación financiera, con cheques rechazados y reclamos de acreedores.
Además, la empresa mantiene una deuda superior a los 1.300 millones de pesos en concepto de tasas municipales, lo que agrava su situación financiera. En ese marco, el juez Máximo Mir dispuso un embargo sobre sus cuentas por la deuda con el municipio de Concepción del Uruguay, medida que luego fue suspendida a pedido del intendente José Lauritto para no afectar el pago de salarios.
Elecciones sindicales en medio del conflicto
En paralelo, se desarrollan las elecciones de delegados del Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA), en las que participan cuatro listas. La contienda se da en un escenario de fuerte incertidumbre laboral y con distintas posturas sobre cómo afrontar la crisis.
El conflicto en la principal empresa avícola del país continúa sin una resolución clara, mientras los trabajadores sostienen medidas de fuerza y reclaman el cumplimiento de los acuerdos salariales.
