Dos policías de Santa Fe fueron imputados por exacciones ilegales tras una denuncia que incluyó una entrega controlada de dinero. La fiscalía analiza si hubo otros involucrados en el hecho.
La investigación por un presunto pedido de coimas en la Comisaría 8ª de Santa Fe avanzó con la imputación de dos policías y la fiscalía no descartó la posible participación de una tercera persona dentro de la dependencia.
El fiscal Ezequiel Hernández confirmó a Aire de Santa Fe que un inspector y un suboficial fueron imputados por el delito de exacciones ilegales agravadas, cuya pena prevé entre uno y cuatro años de prisión, además de inhabilitación y multa. La audiencia se desarrolló ante el juez Leandro Lazzarini.
“Tenemos sospechas en relación a funcionarios de la propia dependencia”, sostuvo el fiscal, quien indicó que la investigación continuaba para determinar nuevas responsabilidades.
Cómo se desarrolló el procedimiento
Según relató Hernández, la causa se originó cuando la víctima se presentó en la comisaría por un conflicto vinculado a una motocicleta propiedad de su pareja. En ese contexto, le habrían exigido el pago de un millón de pesos para devolverle el rodado y evitar una supuesta imputación por falsa denuncia.
“El joven fue amenazado con que podía enfrentar hasta 15 años de prisión”, explicó el funcionario.
Tras lo ocurrido, la víctima realizó la denuncia en Asuntos Internos, lo que permitió organizar una entrega controlada del dinero. El procedimiento incluyó la identificación previa de los billetes y la filmación del momento en que se concretó la entrega.
Detenciones y avance de la causa
Una vez finalizada la operación, personal de Asuntos Internos ingresó a la dependencia y secuestró el dinero previamente identificado. Como resultado, fueron detenidos un subinspector y un suboficial.
El fiscal señaló que aún se investigaba cómo la motocicleta llegó a la comisaría, ya que ese aspecto resultaba clave para esclarecer el contexto del hecho.
Detalles del caso
De acuerdo con la investigación, la víctima y su pareja habrían entregado la motocicleta como parte de pago de una deuda. Posteriormente, sospechaban que el vehículo estaba siendo utilizado para cometer delitos, por lo que decidieron acudir a la dependencia policial.
En ese marco, el joven aseguró que fue inducido a firmar un documento sin conocer su contenido, ya que el papel estaba doblado. Luego, tras recuperar el vehículo, le habrían exigido el pago de dinero para poder retirarlo.
La causa continuaba en etapa investigativa, mientras la fiscalía analizaba nuevas pruebas y posibles responsabilidades dentro de la dependencia policial.
