El cierre del Aquarium de Mar del Plata y la quiebra de su empresa operadora abrieron una fuerte polémica por el destino de 66 animales bajo resguardo judicial.
El Aquarium de Mar del Plata atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia tras la quiebra de la empresa operadora Plunimar, lo que desató una creciente polémica por el destino de los animales que aún permanecen en el predio. El tradicional parque, ubicado en Mar del Plata, cerró sus puertas el 31 de marzo de 2025 luego de más de tres décadas de actividad, marcando el fin de una etapa emblemática para el turismo local.
La quiebra fue decretada el pasado 20 de febrero de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, luego de que la firma no lograra revertir su deterioro financiero. Sin ingresos por la venta de entradas y con el contrato de alquiler vencido, la empresa entró en cesación de pagos en enero, acumulando deudas salariales y reduciendo al mínimo su operatividad.
Desde entonces, el complejo —que operaba bajo el control de The Dolphin Company— quedó bajo supervisión judicial. En el lugar permanecen actualmente 66 animales, cuyo futuro dependerá de decisiones legales y del cumplimiento de estrictas normativas ambientales.
Animales bajo resguardo judicial y controles estrictos
Dentro del predio permanecen 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro ejemplares de la especie saltarroca y cuatro lobos marinos. Todos ellos forman parte del activo de la empresa en quiebra, lo que implica que cualquier traslado, ya sea temporal o definitivo, debe contar con autorización judicial.
En este contexto, unos 12 trabajadores continúan cumpliendo funciones esenciales, centradas exclusivamente en la alimentación, sanidad y seguridad de los animales. La continuidad de estas tareas resulta clave para garantizar condiciones mínimas de bienestar mientras se define una solución de fondo.
El caso también puso en foco las dificultades del traslado de fauna marina. Antes de la quiebra, la empresa intentó vender algunos ejemplares a instituciones de países como México, China y Brasil, pero las operaciones no prosperaron debido a las estrictas regulaciones internacionales que rigen el comercio de animales.
El conflicto por el predio y un futuro incierto
El origen de la crisis se remonta al conflicto por el predio donde funcionaba el parque. El contrato de alquiler, vigente desde la fundación del Aquarium en 1993, había expirado en 2022 y fue prorrogado de manera temporal hasta 2025. Sin embargo, las negociaciones para una renovación definitiva fracasaron, lo que derivó en el cierre del establecimiento.
Según informó la empresa, los propietarios del terreno decidieron avanzar con nuevos proyectos inmobiliarios, lo que terminó de sellar el destino del parque. A partir de ese momento, los animales quedaron en una situación de incertidumbre, dependiendo de resoluciones judiciales y acuerdos entre distintas partes.
La situación generó además cuestionamientos en redes sociales y organizaciones ambientalistas sobre las condiciones en las que se encuentran los ejemplares. Tanto la empresa como autoridades locales aseguraron que se mantienen protocolos básicos de cuidado y que el agua utilizada en los estanques proviene del océano, aunque las dudas persisten.
Traslados, antecedentes y una decisión clave
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió a fines de 2025, cuando diez delfines nariz de botella fueron trasladados a un acuario en Egipto, en la ciudad de Hurgada, sobre el Mar Rojo. El operativo incluyó un complejo traslado en cajas especiales, con asistencia veterinaria permanente, publicó Infobae.
La operación, valuada en unos 800.000 dólares, permitió cubrir salarios atrasados y sostener el mantenimiento del resto de los animales, según consta en el expediente judicial. Sin embargo, este antecedente también generó críticas por el destino de los ejemplares y las condiciones del traslado.
De cara al futuro, la intención de la empresa es reubicar a los animales nacidos en cautiverio en acuarios y zoológicos, tanto en Argentina como en el exterior. No obstante, cualquier decisión dependerá de la Justicia, que deberá evaluar tanto las condiciones de bienestar como las normativas ambientales vigentes.
