El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para determinar quién pagó los viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia, en medio de la polémica.
La Justicia avanzó en la investigación sobre los viajes de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y su familia, tras la decisión del juez Ariel Lijo de levantar el secreto fiscal y bancario. El objetivo es identificar a los responsables de abonar vuelos privados, en un caso que ya genera polémica dentro del Gobierno y en el ámbito mediático.
El levantamiento del secreto permite acceder a información sobre cuentas bancarias, movimientos financieros y comprobantes relacionados con los viajes, incluyendo el vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero, cuyo costo ascendió a 4.830 dólares. La medida busca determinar si hubo algún beneficio indebido para Adorni, dado que la empresa que pagó el traslado mantiene contratos con la Jefatura de Gabinete.
En paralelo, la Justicia solicitó acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve a Adorni y su familia tomando el avión. Según fuentes oficiales, se trataría de Victoria Correa, delegada sindical vinculada a La Cámpora y cercana a Nicolás del Caño, aunque esta información aún se confirma.
Detalles sobre los pagos y el contexto
El comprobante de pago del vuelo privado indica que la empresa In House S.A., propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío, fue quien abonó la factura. Esta empresa tiene contratos vigentes con el Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo que potencia la sospecha de posibles irregularidades en la financiación de los viajes.
Además de este vuelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza otro traslado realizado en avión presidencial a Nueva York, en el que participó la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Este hecho había generado un primer escándalo y el reciente video de Punta del Este reavivó la polémica en torno al jefe de Gabinete.
La investigación judicial también busca reconstruir formalmente el circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron efectivamente de la productora mencionada o si hubo otros aportantes, en un caso que podría derivar en imputaciones si se detectan beneficios indebidos.
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