REDACCIÓN ELONCE
Al cumplirse 24 años de la desaparición de la familia Gil, el juez de garantías Elvio Garzón, primer querellante en la causa, afirmó a Elonce que el caso continúa sin avances concretos y que la falta de una investigación eficaz en los primeros meses resultó determinante para que el misterio persista
Se cumplieron 24 años de la misteriosa desaparición de la familia Gil, integrada por Rubén “Mencho” Gil, Margarita Gallegos y sus hijos María Ofelia, Osvaldo José, Sofía Margarita y Carlos Daniel. A más de dos décadas de aquel enero de 2002, el caso continúa sin respuestas y es señalado como una deuda pendiente de la Justicia con la sociedad entrerriana.
El juez de Garantías, Elvio Garzón, quien fue el primer querellante en la causa, recordó a Elonce que la denuncia por averiguación de paradero fue realizada por Norma, la madre de Margarita Gallegos, recién el 9 de abril de 2002, casi cuatro meses después de la última vez que se vio a la familia. “No tuvimos el apoyo de la Justicia para avanzar””, sostuvo, al explicar que ese retraso condicionó todo el proceso posterior.
Garzón detalló que, en aquel entonces, la legislación vigente impedía que los hermanos de las víctimas asumieran como querellantes. Recién en 2005, tras un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, se reconoció esa legitimación, cuando ya habían pasado más de tres años desde el inicio informal de la investigación.
Hipótesis y falencias investigativas
“A fines de abril llegaron las actuaciones sumariales y, en ese momento, el juez de Instrucción era quien tenía a su cargo toda la investigación, a diferencia de lo que ocurre hoy con el sistema acusatorio, donde la responsabilidad recae en los fiscales. El juez disponía absolutamente todas las medidas. A partir de la información que surgió en ese contexto, comenzamos a realizar una investigación de campo, con entrevistas a vecinos de Viale y de Crucecita Séptima.
Yo recorría la zona junto al hermano de Rubén Gil, recabando datos, teniendo en cuenta que en el ámbito rural muchas veces existe cierta resistencia a brindar información o luego a presentarse ante un juez a declarar. Pese a ello, con toda la información obtenida, el 5 de junio de ese año presentamos una denuncia ante la fiscal de entonces, Contín de Daros”.
El magistrado señaló que, desde los primeros meses, la principal hipótesis apuntaba a que la familia habría sido asesinada dentro de la estancia La Candelaria, en la zona rural de Crucecita Séptima. Sin embargo, remarcó que las medidas clave no se realizaron a tiempo. “No es lo mismo una inspección judicial que un rastrillaje profundo con personal especializado, perros, buzos y excavaciones”, explicó al cuestionar el accionar del juez Sebastián Gallino.
“De acuerdo a lo que consta en la causa, la última persona que los vio fue Alfonso Goette (hoy ya fallecido), quien los encontró el 14 de enero de 2002 por la mañana. En su declaración, relató que tanto Rubén Gil como Margarita Gallegos le consultaron qué significaba ‘pedir referencias’, porque tenían la intención de trasladarse a un pueblo de Santa Fe llamado Eusebia. Esa pista fue investigada en profundidad, pero quedó claro que nunca llegaron a ese lugar: jamás arribaron”.
A lo largo de los años, se investigaron pistas que apuntaban a posibles traslados hacia otras provincias e incluso al exterior del país, pero ninguna arrojó resultados positivos. “Nunca llegaron a esos lugares. La investigación debió concentrarse desde el inicio en el campo de la estancia La Candelaria”, insistió.
Uno de los episodios más cuestionados fue el rastrillaje realizado el 13 de agosto de 2003, más de un año después de la denuncia. Garzón calificó ese procedimiento como “vergonzoso” y recordó que trascendió públicamente que "el dueño del campo compartió un asado con funcionarios policiales durante la diligencia".
Cabe aclarar que en la reciente entrevista brindada por el comisario principal retirado Juan Antonio Rossi, quien estuvo vinculado al expediente desde sus inicios, éste desmintió esa versión. "Sugerir que el propietario del lugar nos haya pagado resulta absolutamente alejado de la verdad y desconozco con qué intención se difundió esa versión, quizás desde una mirada amarillista”, había apuntado a Elonce.
"Nunca hablé con Goette", aseguró Garzón
"Nunca hablé con Goette, porque cuando se realizó el rastrillaje no me permitieron ingresar a la estancia La Candelaria, en el marco de una normativa que en ese momento era distinta a la actual. Este caso, incluso, posibilitó que al año siguiente la Legislatura de Entre Ríos modificara el antiguo artículo 96 del Código Procesal Penal y otorgara legitimación activa para que los hermanos pudieran ser considerados querellantes. Nunca ingresé a la estancia La Candelaria, no solo porque el juez no me autorizó, sino porque directamente no podía participar de ninguna medida. Por eso, nunca tuve contacto con él y no puedo responder a esa pregunta”.
Y agregó: “En algún momento sí intentó desviar la investigación, a partir de distintos relatos que ya habíamos recibido y que dejamos expuestos en la denuncia a la que me referí. Muchas personas señalaban que Goette tenía conflictos no solo con vecinos del lugar, sino que incluso había tenido problemas con Rubén ‘Mencho’ Gil”.
“Goette sostenía distintas versiones: que se habían ido de vacaciones, que habían viajado a otro lugar a pedir trabajo y, por otro lado, que iban a regresar en el plazo de una semana. Sin embargo, entre el 14 y el 21 no apareció nadie y, para el día 21, ya había otro puestero en el lugar. Con ese puestero también me entrevisté en su momento, junto a la familia, pero no aportó datos relevantes y reiteró esas mismas versiones”, completó Garzón.
Testigos, miedo y falta de garantías
Otro de los puntos críticos señalados por Garzón fue la dificultad para que vecinos y testigos brindaran declaraciones formales. Según explicó, muchas personas del ámbito rural manifestaban temor y no contaban con garantías suficientes para declarar ante la Justicia. “Si no hay garantías, es muy difícil que alguien se anime a hablar”, afirmó.
El juez también recordó que, tras la muerte del principal sospechado en un accidente vial ocurrido años después, existió la expectativa de que surgieran nuevos datos. Sin embargo, eso tampoco ocurrió, pese a los intentos de reactivar la causa en distintas etapas.
Una verdad que no llega
Garzón expresó que, a su entender, no existen dudas de que la familia Gil está fallecida y que sus restos podrían encontrarse en el predio rural donde vivían. “Desde el principio esa fue la hipótesis principal. Hoy, después de 24 años, la ratifico”, sostuvo, aunque reconoció que la esperanza de esclarecer el caso “es lo último que se pierde”.
Finalmente, consideró que la falta de respaldo institucional marcó una diferencia sustancial con otros casos de desapariciones, como el de Fernanda Aguirre en San Benito, que sí contaron con fuerte acompañamiento estatal.
A 24 años de la desaparición, la familia Gil sigue siendo un símbolo de una causa inconclusa y de una verdad que aún espera ser revelada.
