REDACCIÓN ELONCE
Fue luego de que Cauce denunciara irregularidades en la actividad de una empresa vinculadas a la extracción ilegal de arena y la afectación al arroyo El Salto. “Nos catalogaron de `locos´ o `chiflados´ por querer implementar una protección relacionada con el bien común de todos", indicó abogada.
Se llevó adelante una audiencia pública por orden del STJ, en el marco del amparo iniciado por CAUCE, por extracción minera ilegal en la parcela 24.856 y por la obstrucción de la libre circulación del arroyo El Salto por parte de la empresa minera Cristamine, en Aldea Brasilera (departamento Diamante).
La instancia forma parte de lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que dispuso que la SAER convoque a una verdadera participación ciudadana previo a otorgar Certificado de Aptitud Ambiental (CAA).
Por la Fundación CAUCE, la abogada Valeria Enderle, explicó a Elonce que la empresa Cristamine había comenzado a explotar el terreno de manera ilegal, pese a que contaba con un certificado de aptitud ambiental únicamente para su planta ubicada al sur del arroyo. “Advertimos esta irregularidad mediante el monitoreo de la extracción y la revisión del expediente administrativo”, señaló.
La audiencia se desarrolló el viernes pasado en el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad, con la presencia de un representante de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos (SAER), autoridades locales de Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, integrantes de la firma Cristamine, vecinos, vecinas de ambas localidades y de Paraná, organizaciones ambientalistas y trabajadores de la empresa.
"Todo se realizó con un sesgo subjetivo y dirigido hacia la empresa, catalogándonos como `locos´ o `chiflados´ por querer implementar una protección relacionada con el bien común de todos", cuestionó la abogada.
Anderle detalló que la empresa había desviado el curso del arroyo "a su antojo comercial" y para facilitar la extracción en la parcela norte de la cantera, lo que genera un impacto ambiental significativo. "El Superior Tribunal de Justicia ordenó determinar la magnitud de los daños mediante estudios científicos y técnicos, que aún se encuentran en desarrollo", indicó la letrada.
La directora ejecutiva de Cauce destacó la importancia de que todas las actividades extractivas cuenten con estudios técnicos y científicos previos, independientemente de la necesidad comercial.
Además, en la audiencia, expusieron los puntos críticos que persisten en torno al proyecto: La parcela 24.856 está categorizada como zona amarilla del Bosque Nativo, lo que impide la minería, aunque la empresa lo niegue y Ambiente haya prometido revisar. Tampoco existe un Estudio de Impacto Ambiental específico sobre la parcela, a pesar de los antecedentes negativos. También advirtieron que la cava generada podría desviar el curso del arroyo El Salto, con un daño irreversible para el ecosistema. Y plantearon la preocupación por el polvo de sílice, la falta de monitoreos comunitarios del aire y el impacto económico y social sobre vecinos y trabajadores.
"La explotación que pretenden autorizar está en la categoría amarilla del bosque nativo, lo que impide la actividad minera. Y no se ha evaluado correctamente el riesgo de que el agua del arroyo termine en la cava desarrollada para la extracción de arena, afectando la biodiversidad asociada y exponiendo a la comunidad al polvo de sílice", explicó Anderle.
La Secretaría de Ambiente analizará los puntos planteados en la audiencia antes de definir los pasos a seguir. Mientras tanto, la actividad extractiva permanece suspendida y se espera que los estudios complementarios permitan una evaluación completa de los impactos.
