REDACCIÓN ELONCE
Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, la oposición desactivó el veto presidencial y restituyó la ley de emergencia en discapacidad hasta 2026. La norma contempla pensiones, actualización de aranceles y compensaciones económicas.
En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación le dio un duro golpe al Gobierno de Javier Milei al rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que el Congreso logra revertir un veto del Poder Ejecutivo.
La votación alcanzó 63 votos afirmativos contra apenas 7 negativos, superando con holgura los dos tercios necesarios. La medida restituye la vigencia de la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
Durante la sesión, que fue presidida por el senador libertario Bartolomé Abdala debido al viaje oficial de Milei y la ausencia de Victoria Villarruel, se destacó el amplio consenso alcanzado entre bloques kirchneristas, radicales, macristas y legisladores provinciales.
Qué contempla la ley de emergencia en discapacidad
La norma reinstaurada abarca medidas clave para las personas con discapacidad en Argentina. Entre sus disposiciones más relevantes se destacan:
-Prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026.
-Reformulación de las pensiones no contributivas.
-Actualización de aranceles de las prestaciones de salud.
-Compensaciones económicas para familias y prestadores.
Para los impulsores de la iniciativa, el objetivo es garantizar la continuidad de terapias, tratamientos y servicios esenciales que estaban en riesgo tras el veto presidencial.
Debate caliente y cruces entre senadores
El peronista pampeano Pablo Bensusán fue el primer orador y apuntó contra Milei: “Vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre recibir terapias o quedar condenados al olvido”.
Desde Córdoba, Carmen Álvarez Rivero sorprendió con su postura: “Considero que esta ley no hace falta, pero aprovecho para pedir al ministro de Salud que aumente los aranceles para las prestaciones de discapacidad”.
La larretista Guadalupe Tagliaferri remarcó que “la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. El Estado debe intervenir para eliminar barreras en salud, infraestructura y educación”.
Más duro fue el santacruceño José María Carambia: “Esperemos que el Presidente la aplique como corresponde. Si no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”.
El clima se tensó cuando José Mayans (Frente de Todos) cruzó al libertario Francisco Paoltroni: “Cállese, maleducado. Hijo de Milei. No entiende nada, ignorante”, tras acusarlo de tergiversar datos sobre pensiones.
El impacto político del rechazo al veto
La votación significó un cimbronazo político para La Libertad Avanza, que no logró alinear a sus legisladores ni contener a exaliados de la UCR y del PRO. El radical Eduardo Vischi advirtió: “No estaríamos discutiendo este proyecto si las cosas se hubiesen hecho bien. No se puede usar la motosierra en todas las áreas del gasto público”.
Con 63 votos afirmativos, la oposición no solo restituyó la ley sino que además envió una fuerte señal de unidad frente al oficialismo, que quedó en minoría y debilitado en el debate parlamentario.
Una deuda pendiente con la discapacidad
Más allá de las disputas políticas, senadores de distintos bloques coincidieron en que la situación del sector discapacidad es crítica, con demoras en pagos, aranceles desactualizados y dificultades para garantizar prestaciones básicas.
La sanción de esta ley, ahora vigente pese al veto presidencial, busca dar una respuesta concreta a miles de familias y prestadores que reclaman desde hace meses medidas urgentes para sostener los servicios esenciales.
