Un Decreto de Necesidad y Urgencia habilitó al Estado a “enajenar total o parcialmente su participación accionaria” y dispuso una serie de cambios en el marco regulatorio para el servicio público de agua potable y desagües cloacales en el AMBA.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), a través de la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza a la empresa a cortar el suministro de agua a usuarios que no paguen sus facturas. Este cambio, enmarcado en un contexto económico complejo, es parte de un ajuste normativo que busca, según el Gobierno, hacer frente a las dificultades operativas de la compañía y permitirle adaptarse a un nuevo modelo de gestión, más acorde con las necesidades actuales.
Mediante el Decreto 493/2025, el Poder Ejecutivo sustituyó el anterior Decreto 304/2006, con el objetivo de modernizar el sistema y adaptarlo a las demandas del contexto actual. El decreto especifica que “El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
El Ejecutivo también subrayó que la situación económica del país y la “profunda crisis económica” impactaron gravemente en las capacidades del Estado para mantener y expandir el servicio. “Esto se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de AySA, cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, señala el Decreto.
Nuevas facultades para AySA
A partir de este nuevo marco normativo, el Gobierno otorgó a AySA amplias facultades. Una de las decisiones más destacadas es la autorización para cortar el suministro de agua a aquellos usuarios que no abonen sus facturas en tiempo y forma. Además, la empresa podrá llevar a cabo revisiones y auditorías de todas las obras dentro del Área Regulada y utilizar fondos provenientes de Contratos de Concesión para asegurar el repago de los financiamientos obtenidos.
En cuanto a la estructura de supervisión y control, el Ejecutivo estableció una Cooperación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). Ambos organismos deberán reunirse periódicamente para analizar los temas de interés común, tomando decisiones conjuntas sobre aspectos relevantes de la gestión de la empresa.
Según el Decreto, “la concesionaria, la sindicatura de usuarios y las comisiones asesoras podrán solicitar el tratamiento de temas que requieran la intervención conjunta”, lo que garantiza una mayor participación en la toma de decisiones.
Plan de Mejora Estratégica
Una de las principales innovaciones introducidas por este DNU es la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, el cual será diseñado por la APLA. Este plan tiene como objetivo establecer las bases para el desarrollo de las obras fundamentales de infraestructura necesarias para expandir y mejorar la cobertura del servicio público de agua potable y desagües cloacales. A pesar de que el plan no será vinculante, actuará como un marco referencial para la Concesionaria y será evaluado cada cinco años por la APLA.
El Gobierno detalló que el plan debe “contemplar criterios de razonabilidad y economicidad técnica para evaluar la factibilidad de las obras, tomando en consideración la densidad poblacional y demás aspectos geográficos que puedan determinar la inviabilidad de la inversión”. Estos criterios se aplicarán en función de las necesidades específicas de cada zona, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles.
Por último, en el Decreto se resalta la urgencia de adoptar medidas que permitan garantizar la mejora sostenida en las condiciones del servicio. El Gobierno considera que es fundamental que no se produzcan “interrupciones ni situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio”, subrayando la necesidad de realizar inversiones de forma urgente, sin que ello implique desmejorar la calidad del servicio a los usuarios.
Los puntos más importantes de la nueva normativa
-El Gobierno autorizó a la empresa a cortar los suministros por falta de pago
-Se creó un Plan Director de Mejora Estratégica para desarrollar obras de infraestructura
-Se estableció un punto de cooperación entre APLA y ERAS
-El 90% del capital de la sociedad pertenecerá al Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante quedará en manos de empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.
-Las controversias que se susciten entre el concedente y la concesionaria podrán ser resueltas por medio de un arbitraje, que será determinado en el Contrato de Concesión
-La concesionaria deberá presentar anualmente ante el ERAS un informe detallado de las actividades realizadas y planificadas para el año siguiente Fuente: Diario La Nación
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