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Espectáculos Alejandro Gravier en problemas

Procesaron al marido de Valeria Mazza por falsificación para evadir impuestos

El empresario Alejandro Gravier está acusado de ser "partícipe necesario del delito de uso de documento público falso” para evadir impuestos. La justicia también procesó a sus padres.

10 de Julio de 2014

El empresario Alejandro Gravier está acusado de ser "partícipe necesario del delito de uso de documento público falso” para evadir impuestos. La justicia también procesó a sus padres.

La Cámara del Crimen procesó al marido de Valeria Mazza, Alejandro Gravier, en una causa en la que está acusado de haber falsificado un contrato de locación para evadir impuestos.

La Sala Cuarta de la Cámara, con las firmas de los jueces Mariano González Palazzo, Carlos Alberto González y Alberto Seijas, dispuso los procesamientos de Alejandro Jorge Gravier, esposo de Mazza, y a sus padres, Horacio Alfredo Gravier y María Cristina Cirio, “por considerarlos partícipes necesarios del delito de uso de documento público falso”, un delito que contempla penas de entre uno y seis años de cárcel.

Los imputados, defendidos por los ex fiscales de la “Causa AMIA” y ahora imputados en esa causa José Carlos Barbachia y Eamon Mullen, fueron procesados por la presentación ante la AFIP un “contrato de locación presuntamente simulado” en el que, además, se habrían falsificado las firmas de un escribano.

Por el caso ya está procesada una contadora, Ana María Jost, quien según la acusación habría presentado los documentos ante el organismo recaudador.

La presunta maniobra ilegal se habría cometido a través de las empresas "Vamagra S.A." y "La Soñada S.A.", que “estaban exclusivamente integradas por los accionistas Valeria Mazza y Alejandro Gravier, tenedores del 100 por ciento de su paquete accionario”.

“Tales sociedades, al igual que Valeria Raquel Mazza, estaban siendo investigadas por presunta evasión de tributos, y en ese marco fue que tuvo lugar la presentación de Jost que integraba el estudio contable” de la familia Gravier.

El fallo ordena al juez de primera instancia Roberto Ponce “expedirse acerca de las restantes medidas cautelares”, es decir si dictará o no la prisión preventiva para los procesados y por qué monto embargará sus bienes.

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