Un escándalo se desató en el Chaco tras la imputación del magistrado Miguel Aranda de ser miembro de una asociación ilícita de tráfico de drogas en Roque Sáenz Peña.
Miguel Aranda, conjuez federal de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, fue imputado este jueves de ser miembro de una asociación ilícita en delitos de tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de la obligación de promover la represión del delito vinculado al narcotráfico, con encubrimiento agravado.
El magistrado recibió este procesamiento sin prisión preventiva pero con un embargo de diez millones de pesos, como resultado de una investigación que comenzó ya hace varios meses y que el 18 de octubre derivó en que personal policial irrumpiera en el juzgado federal de Roque Sáénz Peña, tras un pedido de la Procunar, el ala de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico con el fiscal Diego Iglesias y los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad, que esclarecieron el caso Carbón Blanco. El objetivo del procedimiento era el propio juez.
Miguel Aranda se encontraba ya en la mira acusado de corrupción y de colaborar con el poderoso clan Sosa, una de las principales organizaciones narco de la provincia del Chaco, en complicidad con efectivos de Gendarmería, entre ellos Cristian Marangón, responsable del Escuadrón N°1 de la jurisdicción.
Fue una coincidencia: Marangón falleció a mediados de esa mañana, internado en el Hospital Militar Central por una afección previa, confirman fuentes en las fuerzas de seguridad.
En el caso se investigaron seis presuntos hechos de corrupción en la zona. Los fiscales pidieron el arresto de Aranda junto con el de otros tres involucrados, Marangón siendo uno de ellos, pero la jueza Zunilda Niremperger no admitió el pedido y solo autorizó que Aranda sea indagado, ya que tiene fueros como juez que impiden su detención.
Este jueves, tres meses después, la jueza Niremperger procesó sin prisión preventiva al juez federal y los fiscales también pidieron que el imputado sea acusado de concusión agravada, exigir un soborno, un pedido planteado este miércoles que la magistrada aceptó y aplicó.
Otro procesado en el expediente es el gendarme Alberto Martín Farías, alias El Talibán, imputado por asociación ilícita, concusión y encubrimiento.
La causa comenzó tras un informe enviado el 14 de junio por un alto oficial de Inteligencia de Gendarmería. Delataba a un comandante de su fuerza, “dando cuenta que el mismo estaría relacionado a diferentes maniobras delictivas que podrían tener vinculación con actividades del tráfico ilícito de drogas, especialmente producidas en el ejido territorial de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña revelándose indicios de connivencia judicial”, asegura un documento del caso.
Este comandante, sigue el documento, “contaba con información sensible respecto del trámite de causas penales proveniente desde el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, incluso tomando conocimiento antes que el Jefe de la Unidad, como así que el mismo posee contactos con integrantes de organizaciones presuntamente delictivas, circunstancias que podrías encontrarse relacionadas a irregularidades y presunta fuga de información que frustró el resultado de números allanamientos librados respecto del llamado Clan Sosa”.
