Piden el procesamiento de dos ex presidentes de la empresa SanCor. La solicitud es por apropiación indebida de aportes. La deuda es por más de $1.644 millones entre 2020 y 2024.
La fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.
El requerimiento alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.
Según informa NA, Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.
El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.
La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.
A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyen. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.
En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.
