La Cámara de Apelaciones de San Isidro dispuso restituir el predio a la empresa, cerrado desde febrero tras el despido de 920 trabajadores. El SUTNA rechazó la resolución, mantuvo la permanencia y anunció que recurrirá a Casación.
Desalojo de FATE. La Justicia ordenó desalojar la fábrica de FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino anticipó que apelará la resolución. El gremio mantuvo la permanencia en la planta de Virreyes y convocó a organizaciones sindicales, políticas y sociales a respaldar el reclamo.
La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por la compañía y ordenó la restitución del inmueble a sus propietarios.
El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando la fabricante de neumáticos anunció el cierre de la planta ubicada en el partido bonaerense de San Fernando y el despido de 920 trabajadores.
El SUTNA anunció una apelación
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, cuestionó la intervención del fuero penal en una disputa de naturaleza laboral y confirmó que el sindicato recurrirá la decisión.
“La Justicia penal no puede resolver una situación laboral y luego termina habilitando un desalojo”, expresó durante una conferencia de prensa realizada frente al establecimiento.
“Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate”, añadió. El dirigente sostuvo que los trabajadores continuarán dentro de la planta mientras se tramitan las presentaciones.
El reclamo al gobierno bonaerense
Crespo también pidió la intervención del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Pronúnciese y actúe, gobernador”, reclamó durante la actividad.
El sindicalista pidió que los sectores políticos que manifiestan respaldar a los trabajadores adopten medidas concretas. Según planteó, no alcanzaba con expresar preocupación frente a una eventual intervención policial.
Desde el gremio calificaron la paralización de la planta como un “lockout patronal” y afirmaron que la permanencia comenzó el mismo día del cierre. Esa caracterización corresponde a la posición sindical y fue rechazada por la compañía.
Qué resolvió la Cámara
El tribunal ordenó “la restitución del inmueble al particular damnificado” al considerar que las instancias administrativas de conciliación habían finalizado sin avances capaces de destrabar el conflicto.
La conciliación obligatoria nacional comenzó el 18 de febrero y venció el 18 de marzo. En el ámbito bonaerense, el procedimiento se extendió desde el 18 de marzo hasta el 21 de abril.
La Cámara aclaró que la medida no resolvió el fondo de la disputa laboral. Las cuestiones vinculadas con acuerdos, compensaciones e indemnizaciones, indicó, excedían las atribuciones de la Justicia penal.
El cambio de criterio judicial
En marzo, la misma Cámara había revocado una primera orden de restitución porque las negociaciones laborales todavía estaban abiertas. En aquel momento, los jueces entendieron que debía privilegiarse la conciliación.
En la nueva resolución, el tribunal consideró que ese escenario había cambiado debido al vencimiento de las instancias administrativas y al tiempo transcurrido desde el inicio de la ocupación.
La notificación señaló que 24 personas quedaron imputadas por la permanencia en el predio. También sostuvo que la continuidad de la protesta había perdido capacidad para impulsar una posible reapertura de la fábrica.
La posición de la empresa
FATE manifestó que quienes permanecían dentro del establecimiento eran exempleados y advirtió sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad del inmueble mientras continuara la ocupación.
Según documentación incorporada al expediente por la compañía, entre febrero y mayo se registraron ante ARCA unas 900 bajas laborales. La firma sostuvo que 196 empleados no aceptaron acuerdos de desvinculación y fueron despedidos.
El SUTNA, en cambio, afirmó que los trabajadores custodiaban las instalaciones y reclamaban la reanudación de las actividades. Crespo también cuestionó el pago de salarios e indemnizaciones y aseguró que la fábrica volverá a funcionar.
Un conflicto que lleva siete meses
La compañía, perteneciente a la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de actividad, atribuyó el cierre a la pérdida de competitividad, el aumento de las importaciones y la disminución de la demanda interna.
También mencionó los costos locales, las dificultades para exportar y los conflictos gremiales que afectaron la producción. El sindicato rechazó esa explicación y sostuvo que el cierre respondió a una medida patronal ilícita.
Aunque dispuso restituir el inmueble, la Cámara ordenó que el procedimiento se realizara mediante protocolos y medidas de cuidado para reducir los riesgos para las personas. Mientras tanto, el gremio reforzó la presencia frente a la planta y aguardó la tramitación de su apelación. (con información de Infobae y Ámbito)
