REDACCIÓN ELONCE
La provincia de Entre Ríos inició un sumario administrativo contra C.S.M., quien registró 293 faltas injustificadas a su lugar de trabajo. Además, deberá devolver más de $7 millones por haberes percibidos indebidamente.
La administración pública de la provincia de Entre Ríos ha dado inicio a un sumario administrativo contra C.S.M, empleada en la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano, por su reiterada falta de asistencia a su puesto de trabajo. Según los registros oficiales, la mujer acumulaba un total de 293 inasistencias injustificadas a lo largo de un año, lo que ha puesto en alerta a las autoridades del área. El Decreto firmado el 28 de enero de 2026, establece que deberá devolver más de siete millones de pesos por los haberes que percibió indebidamente durante el período en cuestión.
El sumario responde a una serie de faltas registradas entre marzo de 2024 y mayo de 2025, que incluyen ausencias continuas en días laborales clave. Las faltas de la mujer abarcan un extenso período de 15 meses, con 293 días no trabajados, sin justificación. Entre las fechas más destacadas figuran meses completos, como abril, mayo y julio, donde la empleada registró múltiples inasistencias sin aviso previo. Según el artículo 71º de la Ley Nº 9755 de la provincia, la cantidad de faltas puede resultar en la cesantía del empleado, lo cual pone en riesgo la permanencia en su puesto.
El Decreto precisa que, en virtud de estas ausencias, no solo enfrenta la posible pérdida de su empleo, sino que también debe afrontar el resarcimiento económico por los sueldos percibidos indebidamente. La cifra total que la funcionaria deberá devolver asciende a $7.242.954,04, correspondientes a los pagos por haberes no justificados.
Consecuencias para la gestión y la administración pública
El proceso de sumario administrativo se ha llevado a cabo a través de la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos. A partir del Decreto firmado por el Gobernador, la funcionaria cuenta con un plazo de 10 días hábiles para realizar el pago de la deuda o para presentar su defensa, antes de que se inicien acciones judiciales. En caso de no cumplir con las exigencias de la administración provincial, la situación podría derivar en una denuncia penal por el cobro indebido de salarios.
