REDACCIÓN ELONCE
Un fallo judicial en Paraná determinó una pena de 4 años y medio de prisión domiciliaria por trata de personas, tras comprobar condiciones de explotación laboral en un campo.
Un hombre domiciliado en Crespo fue condenado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado homologado en sede judicial. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas.
El condenado, de 55 años, ingeniero agrónomo y docente jubilado, admitió su responsabilidad en los hechos ocurridos en 2021. Como resultado, deberá cumplir una pena de cuatro años y medio de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, además de afrontar el pago de costas judiciales y una indemnización a la víctima.
Explotación laboral en condiciones precarias
La investigación determinó que el acusado mantuvo a un trabajador rural en condiciones de explotación en un campo ubicado en la zona de Crucecita 7ª. Según consta en la causa, la víctima realizaba tareas de desmonte y fumigación con agroquímicos sin la protección adecuada, publicó Estación Crespo Plus.
El trabajador cumplía jornadas extensas, de hasta 12 horas diarias, y vivía en condiciones extremadamente precarias. La inspección constató la existencia de una casilla rudimentaria sin servicios básicos, además de un baño improvisado sin condiciones mínimas de salubridad.
Pago irregular y vulnerabilidad de la víctima
En relación a la remuneración, se estableció que el trabajador percibía aproximadamente 1.500 pesos diarios, abonados cada tres meses, con descuentos por gastos personales. Esta situación fue considerada como un agravante, al entenderse que el empleador se aprovechó de la vulnerabilidad social de la víctima.
Asimismo, se comprobó que el peón realizaba tareas riesgosas —como el uso de motosierra, maquinaria agrícola y fumigación— sin elementos de seguridad adecuados.
Intervención de organismos y denuncia
El caso se inició a partir de una denuncia realizada a la línea 145 del programa nacional de rescate de víctimas de trata. También intervinieron organismos como UATRE y RENATRE, que alertaron sobre la situación.
La causa fue impulsada por la fiscal María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Indemnización y condiciones de cumplimiento
Además de la pena, el condenado deberá pagar una indemnización de 12 millones de pesos a la víctima. El monto se abonará mediante un pago inicial de 2 millones —ya efectuado— y diez cuotas mensuales de 1 millón de pesos.
El fallo también contempla la posibilidad de “egresos fundados” del arresto domiciliario por motivos laborales o de salud familiar, los cuales deberán ser autorizados por el Juzgado de Ejecución correspondiente.
