El juez Hernán Viri ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay a aportar estudios sobre la calidad del corredor fluvial mientras avanza la demanda impulsada por dirigentes entrerrianos contra el proyecto.
La Justicia Federal argentina dio un nuevo paso en la causa que cuestiona la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, en un fallo que representa un revés para el gobierno uruguayo y la empresa responsable del proyecto.
El juez federal Hernán S. Viri ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remitir información técnica clave sobre la calidad del agua del río Uruguay, en el marco de una acción judicial preventiva por posible daño ambiental.
La medida surge a partir del pedido de una perito bióloga designada en la causa, quien solicitó acceder a estudios actualizados, monitoreos y antecedentes científicos para elaborar un informe técnico que será determinante en el expediente.
Sobre la demanda
Fue impulsada por dirigentes entrerrianos, entre ellos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl, quienes sostienen que el proyecto debe ajustarse estrictamente a lo establecido en el Estatuto del Río Uruguay, que regula las intervenciones sobre este recurso compartido entre Argentina y Uruguay.
En ese sentido, el juzgado hizo lugar al planteo y libró un exhorto formal a la CARU para que entregue toda la documentación vinculada al tramo del río comprendido entre las Termas de San José y Concepción del Uruguay, una zona considerada sensible desde el punto de vista ambiental.
El avance judicial se da en un contexto de tensión entre ambos países por la posible instalación de la planta, impulsada por la empresa HIF Uruguay S.A., que proyecta producir combustibles sintéticos en la región.
Impactos ambientales y diálogos en ambos países
Desde Argentina, los impulsores de la causa advierten sobre potenciales impactos ambientales que podrían afectar la calidad del agua y los ecosistemas del río.
Por su parte, autoridades uruguayas sostienen que el emprendimiento cumplirá con todas las exigencias ambientales y destacan que existe diálogo bilateral para abordar las inquietudes.
Mientras tanto, la iniciativa continúa en etapa de negociación en Uruguay. La empresa mantiene conversaciones con el gobierno de ese país para definir los detalles de la inversión, que podría concretarse antes de fin de año o incluso relocalizarse parcialmente utilizando infraestructura existente.
Con este nuevo requerimiento judicial, la causa suma un elemento técnico clave que podría influir en el futuro del proyecto y en la relación ambiental entre ambos países.
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