REDACCIÓN ELONCE
Un proyecto de ley para incrementar las penas por falsas acusaciones en casos de violencia de género y abuso sexual encendió un debate. La iniciativa, que busca desalentar las falsas denuncias, enfrenta la crítica de especialistas que advierten que la medida es demagógica.
En un contexto de creciente polarización en torno a la violencia de género, el proyecto de ley presentado por la senadora nacional Carolina Losada y apoyado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que propone un aumento de penas por denuncias falsas, generó una fuerte controversia. La iniciativa, que busca elevar la pena máxima de uno a seis años de prisión y hasta ocho para peritos que falseen información, es vista por sus defensores como una forma de proteger a los hombres injustamente acusados. Sin embargo, para la abogada Emma Clementi, integrante del Instituto de Mujeres, Género y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, la propuesta esconde una agenda mucho más preocupante.
La discusión sobre la iniciativa revela la profunda división que existe. Mientras que la ley plantea el aumento de penas por denuncias falsas como una forma de desalentar una práctica perjudicial, la abogada Clementi considera que se trata de un "caballo de Troya" que ataca un problema que estadísticamente no es significativo. Por su parte, la voz del periodismo reconoció que, si bien el número de casos es bajo, el daño a los hombres falsamente acusados es "terrible", citando ejemplos como los casos de los doctores Pagliotto, Caldo Verón y Malvasio, y cuestionó que una denuncia falsa "no salga gratis" en un contexto donde la pena es "irrisorio" y de solo $700.
Ante esto, Clementi argumentó que el proyecto "parte de una realidad que no es tal", la de que las víctimas tienen un camino fácil hacia la justicia. La abogada destacó que, de todo el universo de casos de violencia y abuso, "un ínfimo porcentaje es el que llega a una denuncia y de los denunciados, aún más ínfimo es el que llega a una condena".
El problema real: la 'ruta crítica' de las víctimas
Emma Clementi sostiene que el verdadero problema a abordar es el de la "infra-denuncia" o la falta de reportes, no la existencia de falsas acusaciones. Según la experta, el camino para una víctima de abuso o violencia es un proceso que llama "ruta crítica", y que va mucho más allá de un simple acto de denunciar. "La denuncia no aparece como la primer medida que toma una persona agredida, aparece como un corolario como posterior a un trabajo subjetivo muy, muy importante", explicó. Este camino, a menudo invisibilizado, incluye terapia, hablar con la familia, y la lucha por superar el estigma.
En este sentido, la abogada enfatizó que un veredicto de no culpabilidad no implica que la denuncia sea falsa. "Una cosa es acusar falsamente de un delito y otra cosa es acusar de un delito y no poder probarlo", sentenció. Clementi afirmó que las víctimas son "la persona más periciada", lo que dificulta aún más el proceso, y que el mito de la condena automática por una simple denuncia es "una aberración que no fuera así".
Respecto a las estadísticas, la especialista rebatió los argumentos del proyecto. "Las cifras que sí tenemos, nos hablan de cada diez casos, solamente uno se denuncia", afirmó. En contraste, las denuncias falsas son un porcentaje "tan ínfimo, tan ínfimo, que no justifica, por ejemplo, agravar la pena más que otros delitos que también te han prestado en el código penal". La abogada citó datos de fiscalías en Argentina que estiman que las falsas denuncias no llegan ni al 3%, y un estudio en España donde la cifra es aún más baja, con un 0.0038%, a pesar de penas más graves.
Intenciones demagógicas y una política 'anti género'
Clementi no dudó en calificar el proyecto como una iniciativa con claras intenciones políticas. "Creo que se trata de una cuestión absolutamente demagógica de sectores conservadores y retrógrados", aseguró. Para ella, no es casual que la propuesta aparezca en plena campaña, en el marco de una "política muy sostenida y muy coherente de ser anti disidencias, anti mujeres, anti infancias". Como prueba, señaló la eliminación de programas de asistencia a las víctimas, como el Plan Acompañar, y el intento de derogar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).
En ese marco, la abogada y panelista, Corina Beisel, concluyó que si realmente el objetivo fuera proteger a los hombres, el gobierno destinaría más presupuesto al Ministerio Público de la Defensa para que los acusados "puedan demostrar esa falsedad". Sin embargo, "no hay recursos". La falta de capacitación y recursos humanos en los equipos técnicos interdisciplinarios, que son fundamentales para investigar estos casos, demuestra, según la profesional, que el proyecto "no es una política pro-hombre que está direccionada a defender al varón injustamente acusado".
