La reforma previsional fue rechazada por el bloque Más para Entre Ríos, que sostuvo que el proyecto perjudica a jubilados, trabajadores y municipios. También afirmó que el Ejecutivo no presentó datos que acrediten el impacto fiscal de la iniciativa.
La reforma previsional aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados de Entre Ríos encontró un fuerte rechazo del bloque justicialista Más para Entre Ríos, cuyos integrantes votaron en contra del proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio al considerar que implica un ajuste sobre jubilados y trabajadores estatales sin demostrar cuál será el beneficio económico para las cuentas provinciales.
Los legisladores opositores también cuestionaron el tratamiento parlamentario, la declaración de emergencia previsional y la falta de incorporación de propuestas alternativas durante el debate.
A través de un comunicado, la bancada peronista sostuvo que su postura respondió a una decisión institucional respaldada por las autoridades partidarias, legisladores y la Liga de Intendentes. Según expresó, la iniciativa permite conocer con precisión quiénes asumirán el costo de la reforma, pero no ofrece certezas sobre la reducción del déficit de la Caja de Jubilaciones ni sobre los beneficios concretos para la provincia.
Además, los diputados afirmaron que durante el tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Social existió un debate "formalmente abierto pero sustancialmente estéril", debido a que el oficialismo mantuvo sin modificaciones el texto proveniente del Senado pese a las objeciones planteadas por distintos sectores.
Cuestionamientos al contenido de la reforma
Durante el debate parlamentario, la diputada Silvina Deccó expuso lo que definió como vulneraciones a la normativa vigente contenidas en el proyecto del Poder Ejecutivo. En la misma línea, Mariel Ávila cuestionó los alcances de la declaración de emergencia previsional prevista en la iniciativa.
Por su parte, Andrea Zoff advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendrá la reforma para municipios y comunas, al señalar que la disminución de recursos coparticipables afectará la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas. También sostuvo que la ley contradice artículos de la Constitución provincial y modifica el actual esquema de movilidad jubilatoria en perjuicio de trabajadores activos y pasivos.
Silvia Moreno, en tanto, afirmó que el proyecto solo recibió el respaldo de dirigentes oficialistas y representantes de sectores empresariales, lo que —según expresó— evidencia un fundamento político e ideológico de la propuesta. Asimismo, volvió a advertir sobre el impacto financiero que tendría la norma en los gobiernos locales.
Críticas al tratamiento legislativo
Lorena Arrozogaray cuestionó la rapidez con la que se debatió la iniciativa y calificó como impropio el mecanismo utilizado en comisión para una reforma de esa magnitud. Además, rechazó la afirmación del oficialismo respecto de la inexistencia de propuestas alternativas.
"Sí hubo, pero no se las atendió", afirmó la legisladora, quien consideró que el proceso de discusión fue "una puesta en escena" destinada a simular apertura al diálogo cuando, según sostuvo, las modificaciones planteadas nunca fueron consideradas.
El diputado Enrique Cresto también expresó su rechazo a la reforma y vinculó la iniciativa provincial con las políticas nacionales del presidente Javier Milei. Sostuvo que la ley "va a correr la misma suerte que las leyes 8706 y 9235 y todas las leyes que vulneraron derechos y garantías constitucionales", al tiempo que pidió disculpas "a todos los que lucharon y a quienes presentaron proyectos alternativos" porque, dijo, no fueron escuchados.
Dudas sobre los argumentos oficiales
El diputado Yari Seyler puso en duda los fundamentos económicos expuestos por el Gobierno provincial y señaló contradicciones entre las declaraciones públicas del gobernador y los argumentos utilizados para justificar la emergencia previsional.
"En febrero, en la Asamblea Legislativa, el gobernador Rogelio Frigerio dijo 'salvamos la caja de la provincia'. Y el diputado Sarubi, respecto a este tema, dijo que el Gobierno redujo el déficit del 64 al 42 %. Pero el gobernador dijo 'cuando asumimos tenía un déficit del 42%'. No estoy entendiendo. Y hoy el déficit es cerca de la mitad. La mitad de 42 estamos es 21. Si la caja estaba salvada, como dijo el gobernador, ¿por qué necesita hoy que declaremos su emergencia? Y si esta caja de jubilaciones de nuestra provincia está en emergencia, ¿qué fue exactamente lo que salvaron?", planteó.
El legislador también rechazó la afirmación oficial de que la reforma mantiene el 82 % móvil para las jubilaciones y sostuvo que el ajuste previsto responde a una decisión política del Poder Ejecutivo sobre quiénes deberán afrontar el costo del equilibrio fiscal.
En el tramo final del debate, Juan José Bahillo cuestionó otros argumentos utilizados por el oficialismo. Aseguró que "no existe una confrontación entre el sector público y privado" porque, según indicó, ningún impuesto de la estructura tributaria provincial financia la Caja de Jubilaciones.
También rechazó la utilización del concepto de privilegios para referirse a los trabajadores estatales y criticó la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones al proyecto. "No convalido la lógica de 'nosotros o el caos' para aplicar al ordenamiento de la Caja. Esa es una actitud que raya la soberbia, y la soberbia no es buena en política", expresó.
Laura Stratta cerró el debate opositor
La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, fue la encargada de cerrar la posición del justicialismo. Sostuvo que el proyecto oficial "no es el único camino posible" para abordar la situación de la Caja de Jubilaciones y diferenció la existencia de un problema financiero de la idea de una crisis que justifique reformas estructurales urgentes.
"Hay un problema que atender, pero no una catástrofe como se intenta presentar que habilite a legislar con apuro, reducir salarios y modificar derechos previsionales permanentes. No compartimos la lógica del ajuste y de la vulneración de derechos. Sí la lógica de pensar en cómo logramos la sostenibilidad del sistema", manifestó.
La legisladora sostuvo además que, durante el tratamiento en comisión, la mayoría de los sectores convocados formularon observaciones al proyecto sin que esas críticas fueran incorporadas al texto definitivo.
Los números del déficit y la emergencia previsional
Stratta también cuestionó la información presentada por el Gobierno sobre el estado financiero del sistema previsional. Señaló que, de acuerdo con datos oficiales, el déficit representó el 5,87 % de los recursos corrientes en 2016; el 8,43 % en 2019; el 9,62 % en 2023 y descendió al 6,11 % durante 2024 luego del incremento de aportes y contribuciones dispuesto por decreto.
En ese contexto, afirmó que el presidente de la Caja de Jubilaciones no pudo explicar cuánto disminuirá concretamente el déficit como consecuencia de la reforma, ni en el corto ni en el largo plazo.
Asimismo, cuestionó la declaración de emergencia por cuatro años y advirtió sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. "¿Es de verdad necesario declarar cuatro años de emergencia o es un cheque en blanco para hacer lo que quieran y cuando quieran?", preguntó durante su exposición.
Finalmente, Stratta sostuvo que la defensa de los trabajadores estatales implica defender el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como la educación, la salud, la seguridad y la justicia.
En ese sentido concluyó: "No se puede construir el futuro de Entre Ríos sobre la incertidumbre de quienes lo sostienen. Sin certezas, sin números claros, atropellando facultades de esta Legislatura y a costa del esfuerzo de jubilados y trabajadores, no hay sostenibilidad posible. Hay ajuste. Y este bloque no va a acompañar un retroceso de esta magnitud".
