A través de un DNU, se estableció un esquema de financiamiento para modernizar el sistema de defensa, con fondos provenientes de bienes del Estado y privatizaciones.
El Gobierno nacional creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, con el objetivo de modernizar las Fuerzas Armadas y fortalecer el Sistema de Defensa Nacional. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
El decreto establece que el plan estará orientado al reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades operativas. Según se indica, la decisión responde al deterioro del equipamiento militar y a la necesidad de adaptarse a nuevas amenazas globales, como ciberataques y conflictos asimétricos.
Además, el Poder Ejecutivo argumenta que la situación actual del sistema de defensa requería medidas urgentes, lo que motiva el dictado del DNU ante la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario.
Cómo se financiará el plan
Uno de los puntos centrales de la medida es la definición de nuevas fuentes de financiamiento. El decreto dispone que el 10% de los ingresos provenientes de la venta, uso o administración de bienes inmuebles del Estado nacional será destinado al Ministerio de Defensa.
En los casos en que esos inmuebles hayan estado previamente bajo la órbita de Defensa, el porcentaje asignado ascenderá al 70%. Estos fondos deberán ser utilizados exclusivamente para programas de modernización, infraestructura y adquisición de equipamiento militar.
Asimismo, se determina que el 10% de los recursos obtenidos por privatizaciones de empresas estatales también será dirigido al fortalecimiento del sistema de defensa.
Objetivos y contexto internacional
El Ejecutivo fundamenta la medida en el contexto internacional, marcado por conflictos geopolíticos y el avance de nuevas tecnologías militares. En ese marco, destaca la necesidad de contar con capacidades disuasivas y de respuesta ante amenazas que incluyen ataques cibernéticos y sabotajes a infraestructuras críticas.
También se remarca que las Fuerzas Armadas cumplen un rol clave en emergencias, como inundaciones o incendios, lo que exige equipamiento actualizado y en condiciones operativas.
El decreto señala que la mayor parte del presupuesto actual se destina a gastos de personal, lo que limita la inversión en tecnología y modernización, y afecta tanto la operatividad como la formación del personal militar.
Plazos y ejecución
La normativa instruye al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a presentar, en un plazo de 90 días, un informe con los requerimientos urgentes en materia de equipamiento y capacidades.
En base a ese diagnóstico, el Ministerio de Defensa deberá avanzar en la implementación del plan utilizando los recursos asignados.
El decreto también aclara que estos fondos no reemplazan al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que se suman como una fuente complementaria para atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión.
La medida deberá ser analizada por la Comisión Bicameral del Congreso, que evaluará su validez conforme a la legislación vigente.
