La Corte Suprema dejó firme una condena civil contra una intendenta por publicaciones en redes sociales contra un funcionario. La sentencia estableció el pago de 17 millones de pesos por daño moral y perjuicios.
Una intendenta deberá pagar una indemnización de 17 millones de pesos por tuits contra un funcionario, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena civil en su contra. La medida alcanzó a Claudia Panzardi, jefa comunal de Laguna Blanca, en la provincia de Chaco.
El máximo tribunal desestimó un recurso presentado por la funcionaria, lo que dejó definitiva la sentencia que había sido dictada en instancias anteriores a favor de Livio Gutiérrez, quien inició la demanda por daño moral y perjuicios.
Origen del conflicto
El caso se originó en abril de 2016, cuando Panzardi publicó una serie de mensajes en la red social Twitter (actual X) en los que vinculó a Gutiérrez con acusaciones de violencia de género. El funcionario sostuvo que esas expresiones afectaron su honor y su reputación.
La causa avanzó en el ámbito civil y el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Charata falló a favor del demandante, ordenando el pago de una indemnización. La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco.
Argumentos judiciales
El tribunal provincial consideró que los mensajes publicados no podían encuadrarse como opiniones o información, sino como una intromisión en la vida privada del funcionario. Además, sostuvo que las afirmaciones resultaron falsas y tuvieron amplia difusión.
Posteriormente, la intendenta presentó un recurso extraordinario que fue rechazado por la justicia local. Ante ello, recurrió en queja ante la Corte Suprema, que finalmente desestimó su planteo.
El fallo del máximo tribunal indicó que la presentación no cumplía con los requisitos formales necesarios, por lo que no analizó el fondo del caso y dejó firme la condena.
Pago de la indemnización
Tras la resolución judicial, la funcionaria informó que ya había abonado la totalidad de la indemnización, incluyendo intereses y costas. Según indicó, el pago fue realizado con fondos provenientes de su actividad privada.
“Casi 17 millones de pesos por un tuit, en potencial, publicado hace 10 años”, expresó en un descargo en redes sociales. También sostuvo que durante el proceso judicial enfrentó embargos sobre sus bienes.
Nuevo reclamo y situación actual
De acuerdo a lo manifestado por la intendenta, el conflicto no estaría cerrado, ya que el demandante habría iniciado un nuevo reclamo para actualizar el monto de la indemnización con retroactividad.
En ese sentido, señaló: “Acepté la sentencia y pagué. No me negué ni fui deudora morosa. No es justo ni tampoco cuento con los 260 millones que ahora piden con retroactividad a la sentencia”. Además, indicó que no cuenta con los fondos reclamados en esta nueva instancia.
El caso se mantuvo en el ámbito civil y se vinculó a publicaciones en redes sociales en el marco de una disputa política ocurrida años atrás.
