En un contexto político marcado por un fuerte debate sobre la seguridad y la responsabilidad penal juvenil, la Iglesia Católica Argentina alzó su voz para expresar un firme rechazo a la iniciativa que busca reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal. La posición fue expresada por Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, quien sentenció con claridad: "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz".
Las declaraciones del obispo llegan justo antes de la reunión plenaria de comisiones en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera conseguir dictamen favorable al proyecto, gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y otros bloques aliados. Aunque el Gobierno inicialmente proponía fijar el nuevo umbral en los 13 años, el texto consensuado se inclinó finalmente por los 14, buscando sortear resistencias y facilitar su aprobación.
En diálogo con Infobae, Braida insistió en la necesidad de evitar un enfoque meramente punitivo. “Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, afirmó el prelado. “No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención”, añadió.
Preocupación por el impacto del encierro en adolescentes y la falta de infraestructura
Desde la Iglesia advierten que la criminalización de los adolescentes podría tener efectos contraproducentes. “Lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas”, subrayó Braida. La preocupación no se limita al ámbito espiritual: también hay una alerta sobre las deficiencias estructurales del sistema.
Varios legisladores, incluso dentro de los bloques que acompañan la iniciativa, han manifestado inquietud por la ausencia de infraestructura específica para albergar a menores de edad. Ninguno de los proyectos discutidos hasta ahora contempla partidas presupuestarias para la creación de centros de contención adecuados, una omisión que, según Braida, revela la falta de planificación integral.
El obispo fue claro al reiterar: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”. Esta frase, repetida como un mantra, busca instalar en la discusión pública la idea de que el castigo sin prevención y sin contexto puede agravar la situación en lugar de resolverla.
Llamado a la responsabilidad política y al diálogo social
En su mensaje, Braida dirigió un llamado directo al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: “Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas”. La Iglesia, sostuvo, no actúa en soledad: su postura es compartida por numerosas organizaciones sociales, académicas y comunitarias.
“Es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones”, insistió el obispo, señalando que el enfoque debe ir más allá del castigo y apuntar al fortalecimiento de las políticas públicas de inclusión, educación y contención social. En ese sentido, consideró que el apuro legislativo podría obstruir un debate más profundo y enriquecedor.
Finalmente, Braida remarcó la necesidad de evitar respuestas simplistas ante una problemática compleja. “El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio”, afirmó. Y, una vez más, cerró con un mensaje a las máximas autoridades del país: “Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas. Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir”.
