El presidente Javier Milei se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para avanzar con la reforma integral del Código Penal, que tiene el foco en endurecer penas y sumar delitos.
El Gobierno nacional confirmó que avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, tras una reunión mantenida entre el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Quinta de Olivos. La iniciativa busca actualizar la legislación vigente y adaptarla a las nuevas modalidades delictivas.
La información fue dada a conocer por el propio Mahiques, quien a través de sus redes sociales detalló los lineamientos centrales del proyecto. Según explicó, la reforma apuntará a modernizar el sistema penal en función de los desafíos actuales en materia de seguridad.
Cambios parciales mientras avanza el proyecto
El ministro señaló que, mientras se elabora el nuevo Código Penal, el Poder Ejecutivo impulsará junto al Congreso una serie de modificaciones parciales. Entre ellas, se prevé el endurecimiento de penas, la armonización de sanciones y la incorporación de nuevas figuras delictivas.
En ese marco, se buscará reforzar la tipificación de delitos vinculados a estafas piramidales, hechos delictivos cometidos por motochorros, salideras y entraderas, así como también situaciones conocidas como “viudas negras”.
Además, se incluirán delitos relacionados con cuestiones migratorias, el daño animal, la presencia de armas en establecimientos penitenciarios y las picadas ilegales.
Foco en víctimas y nuevas agravantes
Otro de los ejes de la reforma será otorgar mayor centralidad a las víctimas dentro del sistema penal, con el objetivo de fortalecer su protección y participación en los procesos judiciales.
Asimismo, el funcionario adelantó que se promoverá el agravamiento de penas en casos de incumplimiento de deberes alimentarios, actividades de “trapitos” y delitos vinculados al grooming y el abuso sexual infantil.
Desde el Ejecutivo indicaron que la propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la seguridad y actualizar el marco normativo penal, en un contexto de cambios en las dinámicas del delito.
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