La Cámara Alta aprobó la destitución de Santiago Peña con 44 votos a favor y una ausencia. El juicio político se desarrolló tras el colapso de Ueno Bank. El vicepresidente Pedro Alliana deberá completar el mandato hasta agosto de 2028.
El Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña como presidente de la República este viernes, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. Los 44 senadores presentes votaron a favor de declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones, mientras que un legislador estuvo ausente. La decisión puso fin a su mandato y abrió el proceso de sucesión presidencial.
La resolución se produjo después de una jornada de debate parlamentario en la que los legisladores analizaron las acusaciones contra Peña por su presunta responsabilidad política en el colapso de la entidad financiera. El banco había sido intervenido por el Banco Central del Paraguay y miles de clientes enfrentaban dificultades para acceder a sus depósitos.
Según informó el diario paraguayo Última Hora, el Senado declaró culpable al mandatario con 44 votos, una cifra que superó ampliamente los 30 necesarios para concretar la destitución. El vicepresidente Pedro Alliana quedó en condiciones de asumir la Presidencia y completar el mandato constitucional, previsto hasta agosto de 2028.
Por qué el Congreso avanzó con la destitución
Santiago Peña había presentado su renuncia el jueves, luego de que la crisis bancaria provocara fuertes cuestionamientos políticos. Sin embargo, el Congreso no concretó su aceptación y los legisladores decidieron continuar con el juicio político.
La Cámara de Diputados había aprobado previamente, también por unanimidad, la acusación por mal desempeño de funciones. De esa manera, el procedimiento pasó al Senado, que tuvo la responsabilidad de juzgar al mandatario y resolver su continuidad.
Durante la jornada del viernes, los abogados de Peña cuestionaron el procedimiento parlamentario y los tiempos concedidos para preparar la defensa. El mandatario había solicitado una prórroga de 72 horas, pero el Senado rechazó el pedido.
La crisis de Ueno Bank que desencadenó el conflicto
El proceso político estuvo directamente relacionado con el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera con la que Santiago Peña había mantenido vínculos comerciales hasta 2025.
La intervención del banco provocó restricciones en el acceso a los depósitos y generó protestas de ahorristas que reclamaban respuestas sobre el destino de su dinero.
Las acusaciones parlamentarias también apuntaron al presunto direccionamiento de recursos de organismos estatales hacia la entidad financiera, entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social.
Peña rechazó las acusaciones de irregularidades. Por su parte, sus abogados cuestionaron las garantías del juicio político y sostuvieron que la renuncia presentada por el mandatario debía ser aceptada.
Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia
Con la destitución de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la conducción del Poder Ejecutivo paraguayo, de acuerdo con el mecanismo de sucesión establecido en la Constitución.
Una comisión bicameral del Congreso quedó encargada de avanzar con el procedimiento de juramento del nuevo mandatario.
Alliana deberá completar el período presidencial que comenzó en agosto de 2023 y finalizará en agosto de 2028. Su eventual destitución también había sido planteada en la Cámara de Diputados, pero la iniciativa fue rechazada por 48 votos contra 30.
Qué consecuencias tendrá la destitución de Santiago Peña
La resolución parlamentaria también tendrá consecuencias para el futuro político del expresidente, debido a que la destitución por juicio político le impide acceder a la condición de senador vitalicio prevista constitucionalmente para los expresidentes elegidos democráticamente.
Esta situación fue uno de los puntos centrales del debate parlamentario, ya que la aceptación de su renuncia habría planteado un escenario jurídico diferente.
De todos modos, la decisión del Senado no constituye una condena penal. Las posibles responsabilidades delictivas vinculadas con el caso Ueno Bank deberán ser investigadas y resueltas por la Justicia ordinaria.
