REDACCIÓN ELONCE
Fue por 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. La nueva ley establece procedimientos diferenciados para adolescentes. Críticas del peronismo por inconstitucionalidad y por la escasez de fondos para las provincias.
Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años. El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil, marcando un hito en la política de seguridad de la República Argentina. En una sesión cargada de tensión, fuertes cruces dialécticos y un simbolismo político que remarcó la división de aguas en el recinto, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró consolidar una mayoría de 44 votos positivos frente a 27 negativos.
Este resultado representa un nuevo triunfo legislativo para el Poder Ejecutivo durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa, que tuvo su origen en el Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Patricia Bullrich —quien hoy lidera el bloque de senadores oficialistas—, fue celebrada por sus impulsores como un cambio de paradigma necesario para combatir la inseguridad. La jornada no estuvo exenta de momentos de alta emotividad, incluyendo un minuto de silencio por las víctimas de delitos que puso a prueba el protocolo de la Cámara Alta.
La reforma no solo modifica el límite de edad para que un adolescente sea sometido a un proceso penal, sino que reestructura integralmente el Régimen Penal Juvenil.
Para el oficialismo, se trata de una respuesta directa al reclamo social de justicia; para la oposición, mayoritariamente aglutinada en el peronismo, es una medida punitivista que carece de sustento presupuestario y que vulnera tratados internacionales de derechos humanos.
El encendido discurso de Patricia Bullrich
La senadora Patricia Bullrich, principal arquitecta de la norma, fue la encargada de abrir el fuego dialéctico con un discurso que apeló a la moral y a la autoridad del Estado. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Ustedes quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean ciudadanos de segunda? No importa la edad que tengan los delincuentes, importa el delito”, sentenció la legisladora, marcando la línea argumental que sostendría el bloque de LLA y sus aliados durante toda la tarde.
Bullrich enfatizó que el modelo anterior de justicia juvenil se encontraba “agotado” y que la nueva ley viene a proponer algo “moral y jurídicamente distinto”. En sus palabras, la teoría previa dejaba en la indefensión total a las familias de las víctimas. “Cuando el delito no tiene consecuencias la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”, agregó, vinculando directamente la falta de sanciones a menores con la degradación del orden social.
El cierre de su alocución fue una reivindicación del concepto de “orden” que el actual gobierno ha tomado como bandera. “El lugar del delincuente en la sociedad es el que la pena le asigne. El que mata tiene que tener cadena perpetua, no importa la edad que tenga. Estamos hablando de educación y la impunidad no educa”, afirmó Bullrich.
Al finalizar, la senadora pidió un minuto de silencio por las víctimas de inseguridad, un gesto que generó confusión inicial. Mientras el peronismo miraba absorto y la vicepresidenta Victoria Villarruel aclaraba que no era una atribución de la senadora definir ese protocolo, finalmente todo el cuerpo se puso de pie en un silencio sepulcral que selló el clima de la votación.
La resistencia del peronismo y la crítica presupuestaria
Desde la vereda de enfrente, el peronismo articuló su rechazo basándose en dos ejes: la inconstitucionalidad de la norma y la insuficiencia de los fondos para aplicarla. Según los legisladores de la oposición, la ley se concentra exclusivamente en lo punitivo, descuidando el acompañamiento integral de las infancias. Sin embargo, el argumento más pragmático fue el económico.
La norma estipula una partida de $23.700 millones para que las provincias adapten sus sistemas, una cifra que los especialistas consideran ínfima.
El senador Jorge Capitanich fue lapidario al analizar los números. Citando datos del Servicio Penitenciario Federal, señaló que el costo del metro cuadrado de construcción especializada es de 3,2 millones de pesos. “Con el presupuesto establecido se podrían construir apenas 7.400 metros cuadrados en total. Dividido por los 24 distritos, nos da 308 metros cuadrados por provincia. Si no contamos con el presupuesto necesario, estas leyes quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, advirtió el dirigente chaqueño.
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar, esta vez de la mano del senador cordobés Luis Juez, ahora integrado plenamente a la estrategia de LLA. Juez acusó al bloque peronista de “mentiroso” y sostuvo que solo desde la ignorancia se puede criticar la ley de esa manera. “Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias que se la gastan en cualquier cosa, como en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, retrucó, aludiendo a los familiares de víctimas presentes en el recinto.
Conflictos en las gradas y denuncias de inconstitucionalidad
La tensión escaló cuando la senadora Lucía Corpacci denunció que el oficialismo había roto un acuerdo previo de no habilitar la presencia de público en las gradas para evitar posibles incidentes. A pesar del pacto, los palcos del primer piso estuvieron ocupados por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, lo que generó malestar en el bloque opositor.
“Nosotros somos legisladores, no estamos para responder al enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor. Tenemos que actuar con racionalidad y humanidad; esta ley no es la solución de nada”, expresó Corpacci.
Por su parte, el senador Gerardo Zamora realizó un desglose técnico de la norma, señalando diversos artículos que, a su criterio, violan la Constitución Nacional y tratados internacionales de rango constitucional.
El exgobernador santiagueño advirtió que la redacción del proyecto provocará una ola de litigiosidad en los tribunales, lo que terminará bloqueando la aplicación efectiva de la ley. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”, concluyó.
El cierre de la postura del kirchnerismo estuvo a cargo de Martín Soria, quien cuestionó duramente la técnica legislativa empleada. Soria, que venía de seguir el debate desde la Cámara de Diputados, afirmó que el proyecto contiene “errores graves y peligrosos”.
En una comparación que encendió los ánimos, Soria disparó: “Esta ley es peor que el decreto de Videla, porque viola el principio de culpabilidad disminuida”. Para el senador rionegrino, el nuevo régimen no solucionará los problemas de inseguridad y solo servirá para estigmatizar a los sectores más vulnerables.
Los detalles del nuevo Sistema Penal Juvenil
Más allá de la batalla política, el proyecto convertido en ley propone la creación de un sistema especializado para adolescentes de 14 a 18 años. El objetivo central es garantizar procesos judiciales que, aunque punitivos, se adecúen a la edad de los imputados.
Entre los puntos destacados, se establece la presunción favorable a la minoría de edad y la prohibición estricta de que los menores compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos.
El nuevo régimen introduce principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando teóricamente la resocialización.
El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el primer momento y que las causas se tramiten en órganos especializados. Además, se reconoce el derecho de los adolescentes a ser oídos y a que sus familias participen activamente en el proceso, buscando un equilibrio entre la sanción y la contención.
Un aspecto novedoso de la norma es el capítulo dedicado a las víctimas. Se les otorga un rol central, garantizándoles asistencia jurídica y psicológica inmediata. Las víctimas podrán intervenir en las audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, además de participar en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil. Este enfoque busca mitigar la sensación de desamparo que mencionaba Bullrich en su discurso de apertura.
Sanciones, reinserción y el futuro de los inimputables
El esquema de sanciones aprobado es progresivo y diversificado. No todo se resume a la cárcel: la ley contempla medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y la reparación del daño. La privación de libertad queda reservada exclusivamente para delitos graves, con límites temporales estrictos y la obligación de una separación permanente de los jóvenes respecto de la población carcelaria adulta.
Para asegurar que la pena cumpla un rol de reinserción, se crea la figura del supervisor judicial especializado. Este funcionario será el responsable de acompañar y monitorear el proceso de vuelta a la sociedad del joven. La libertad condicional no será automática; requerirá el aval del Ministerio Público Fiscal y el cumplimiento de condiciones precisas. Asimismo, el proyecto contempla protocolos específicos para abordar problemas de salud mental y consumos problemáticos mediante equipos interdisciplinarios, publicó Infobae.
Finalmente, en cuanto a los menores que sigan siendo considerados inimputables (menores de 14 años), el texto dispone que la justicia debe investigar el hecho para determinar la verdad, pero las medidas que se apliquen serán curativas o protectoras bajo la órbita de la justicia civil. La ley también impone la capacitación obligatoria y la especialización de todos los actores del sistema: jueces, fiscales y defensores.
Con esta aprobación, Argentina inicia un camino de transformación profunda en su justicia criminal, cuyo éxito dependerá, en última instancia, de la implementación real en cada una de las provincias.
