El Gobierno prepara una modificación a la Ley de Glaciares que flexibiliza las regulaciones sobre la explotación en la zona periglaciar. Buscan incentivar inversiones, pero los cambios generan controversia entre ambientalistas.
En una decisión que generó controversia, el Gobierno de la Nación prepara una serie de cambios a la Ley 26.639, conocida como la Ley de Glaciares, que regula las actividades económicas en áreas cercanas a los glaciares. La nueva normativa, que será implementada por decreto, tiene como objetivo flexibilizar las restricciones en la zona periglaciar, un área que, hasta ahora, estuvo protegida debido a su relevancia ambiental.
A través de la modificación, el Ejecutivo busca ampliar los márgenes de explotación para industrias como la minería e hidrocarburos, además de permitir la liberación de productos químicos y la construcción de infraestructura no vinculada a la investigación científica. En las últimas semanas, fuentes oficiales reconocieron que esta flexibilización responde a las presiones de sectores empresariales interesados en invertir en estas áreas, quienes solicitaron mayor seguridad jurídica para sus proyectos.
En este sentido, el Gobierno sostiene que la reforma tiene como objetivo garantizar la continuidad de proyectos productivos sin comprometer la preservación del ambiente, asegurando que las nuevas disposiciones estarán enfocadas en áreas con menor relevancia ecológica. Sin embargo, la modificación levantó una fuerte oposición de grupos ambientalistas que consideran que esto podría poner en riesgo los glaciares y los ecosistemas asociados.
La nueva reglamentación reducirá áreas protegidas cerca de los glaciares
Entre los principales cambios que propone el Gobierno se destaca la reducción de las zonas protegidas, limitándolas a aquellas áreas de roca o escombros activos. La modificación establece que para que un terreno sea considerado área protegida, debe contar con una superficie mínima de una hectárea y tener una duración de al menos dos años. Además, se exigirá que estas áreas cumplan una función hídrica relevante y que estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Actualmente, la Ley de Glaciares prohíbe la instalación de industrias en los glaciares y sus alrededores, imponiendo sanciones severas a quienes infringen las normativas. Las multas, que varían entre cien y cien mil sueldos básicos de la Administración Pública, acompañadas de la suspensión o cese definitivo de la actividad, están dirigidas a proteger estos recursos naturales. No obstante, el Gobierno busca flexibilizar estos criterios para facilitar la inversión en la zona periglaciar, un área que, según el Ejecutivo, no siempre tiene un impacto ambiental significativo.
A pesar de que la modificación busca dar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre la explotación de estos espacios, el oficialismo aseguró que se mantendrán restricciones sobre los glaciares cubiertos y descubiertos. Además, los proyectos de inversión seguirán requiriendo un informe de impacto ambiental para ser aprobados, con la intención de equilibrar el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
Las críticas internacionales y los desafíos para el Gobierno
La modificación de la Ley de Glaciares provocó reacciones a nivel internacional, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtiendo sobre los riesgos que conlleva la flexibilización de las regulaciones. En una carta fechada el 5 de febrero de 2024, cinco relatores sobre derechos humanos del organismo calificaron el proyecto de ley como "regresivo", alertando que podría afectar las garantías para el trabajo de defensores ambientales y la seguridad de los ecosistemas de montaña.
A pesar de estas advertencias, el Gobierno argentino continúa con sus esfuerzos por avanzar en una nueva normativa que permita dar más espacio para el desarrollo de industrias en la zona periglaciar. Sin embargo, los intentos anteriores de modificar la ley encontraron resistencia en el Congreso. En 2024, el oficialismo intentó incorporar cambios similares en la Ley Bases, pero la falta de apoyo legislativo obligó a retirar las modificaciones.
El Gobierno también señaló que el avance de los proyectos de explotación en estas áreas forma parte de un plan integral para fomentar las inversiones en sectores clave de la economía argentina. En este contexto, las autoridades sostienen que las nuevas medidas promoverán el desarrollo de sectores estratégicos, mientras siguen garantizando la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar. (Con información de TN)
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