El Gobierno denunciará a cinco empresas por extraer petróleo de Malvinas sin autorización argentina. La presentación penal también alcanzará a sus autoridades y se fundamentará en presuntas infracciones a la Ley 26.659.
El Gobierno denunciará a cinco empresas por extraer petróleo de Malvinas sin contar con autorización de las autoridades argentinas. La administración de Javier Milei anunció una presentación penal contra firmas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.
La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente. La medida se fundamentará en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que establece sanciones para actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.
Las compañías alcanzadas por la decisión son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La denuncia no quedará limitada a las sociedades, sino que también comprenderá a las personas que hayan intervenido en las operaciones investigadas.
Qué sostiene el Gobierno sobre las empresas
Según el comunicado oficial, tres de las firmas involucradas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos otorgados por el Reino Unido para realizar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área.
Para el Gobierno argentino, esas autorizaciones no cuentan con aval nacional y las actividades que eventualmente se desarrollen bajo esos permisos podrían vulnerar la legislación vigente respecto de los recursos naturales ubicados en torno a las Islas Malvinas.
La acción penal también incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos que serán investigados, de acuerdo con lo informado por la Casa Rosada.
Qué establece la Ley 26.659
La denuncia anunciada tendrá como fundamento la Ley 26.659, normativa que regula las condiciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La legislación contempla sanciones para personas físicas o jurídicas que desarrollen esas tareas sin haber obtenido previamente la habilitación correspondiente de las autoridades nacionales. El Ejecutivo considera que las operaciones denunciadas deben analizarse bajo ese marco legal.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la decisión tiene como objetivo “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes.
La denuncia y el reclamo por la soberanía
El Gobierno anticipó que continuará impulsando las medidas que considere necesarias frente a actividades que, según la posición argentina, puedan afectar sus derechos soberanos sobre los territorios y recursos naturales comprendidos en el reclamo.
La Argentina sostiene históricamente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. En ese contexto, la explotación de recursos naturales sin autorización nacional constituye uno de los puntos de conflicto recurrentes vinculados con el archipiélago.
La presentación penal anunciada se suma así a las acciones impulsadas por el Ejecutivo contra las actividades hidrocarburíferas que considera realizadas al margen de la legislación argentina.
El Gobierno también dio una instrucción sobre el Presupuesto 2027
El anuncio estuvo acompañado por otra decisión vinculada con los intereses estratégicos argentinos. El presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada.
La iniciativa presupuestaria, que deberá ser enviada al Congreso el próximo 15 de septiembre, también deberá considerar otros proyectos relacionados con la seguridad nacional, publicó Infobae.
De acuerdo con la comunicación oficial, la decisión apunta a “asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”. De esta manera, el Ejecutivo vinculó el anuncio de las acciones contra las empresas petroleras con una agenda más amplia relacionada con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
