La reforma de la Ley Penal Juvenil apunta a bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones. La intención es firmar dictámenes y dejar el proyecto listo para ser votado en el recinto.
La Cámara de Diputados analizará hoy en comisión el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y respaldada por bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y sectores de Encuentro Federal. El punto más controvertido de la reforma es la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Tras varias postergaciones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), convocó a un plenario de comisiones para hoy a las 16, con el objetivo de firmar el dictamen y permitir el tratamiento del proyecto en el recinto antes de fin de mes. Este plenario incluye a las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, y Presupuesto y Hacienda, presididas por Rodríguez Machado, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, la estrategia del oficialismo es clara: avanzar rápidamente en la firma del despacho de mayoría para habilitar su tratamiento en el recinto. El proyecto ya ha sido discutido en siete reuniones el año pasado y dos más en marzo de este año, los días 12 y 19, antes de la sesión dedicada al acuerdo con el FMI.
Fuertes rechazos desde la oposición y sectores sociales
No todos los bloques están de acuerdo con la propuesta. Unión por la Patria (UxP), la izquierda y numerosas organizaciones de Derechos Humanos expresaron su rechazo categórico. A estos sectores se sumó recientemente el presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, quien manifestó su preocupación por el enfoque del proyecto: "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", expresó el obispo de La Rioja.
A pesar de la intención inicial del Gobierno de fijar la edad de imputabilidad en 13 años para delitos graves, fuentes legislativas señalaron que existe un consenso mayoritario en torno a los 14 años. Esta posición es compartida incluso por algunos legisladores de UxP, como el diputado Ramiro Gutiérrez, de extracción massista.
El proyecto oficial prevé que, aún si el delito cometido contempla una pena mayor según el Código Penal, los menores de edad no podrán recibir una condena a reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años. Además, se incorpora la posibilidad de revisar la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, con el fin de que el resto pueda cumplirse en domicilio.
Nuevas medidas de resocialización y supervisión
Uno de los ejes centrales del nuevo régimen penal juvenil propuesto por el Ejecutivo es la resocialización del menor infractor. En ese sentido, el texto legislativo prevé la inclusión obligatoria de programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos, si así se requiere. La iniciativa también propone la creación de una nueva figura: el supervisor, encargado de acompañar al joven durante todo el proceso de rehabilitación.
Además de la prisión y el cumplimiento de penas en el domicilio, se habilitan alternativas como institutos abiertos o especializados en la detención de menores. Estas medidas apuntan a adaptar las sanciones a la edad y situación del infractor, promoviendo su reintegración social.
El régimen contempla también sanciones menos gravosas para delitos menores, como la prohibición de acercamiento a la víctima, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, monitoreo comunitario, y la reparación del daño causado. Así, el proyecto busca equilibrar la respuesta penal con un enfoque integral que contemple tanto la seguridad como los derechos de los menores.
