Mediante la certificación de firmas de magistrados y funcionarios de toda la provincia, bajo estrictas medidas de seguridad, el Poder Judicial de Entre Ríos avanza en la implementación de la Firma Digital.
En el marco del plan progresivo de implementación de Firma Digital, el Poder Judicial de Entre Ríos desarrolla actualmente un cronograma para el registro de las firmas de magistrados y funcionarios de las distintas ciudades de Entre Ríos, necesario para la tramitación de los certificados ante la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, autoridad Certificante, responsable de emitir y revocar las autorizaciones para la utilización de la nueva herramienta.
La gestión consiste en la identificación de los solicitantes de los certificados (magistrados y funcionarios entrerrianos), como paso previo a la emisión de los mismos, mediante la validación de la documentación presentada y la verificación de la rúbrica de cada solicitante ante un Oficial de Registro, en el marco de rigurosas normas de seguridad dispuestas por la ONTI.
Según se informó desde el Poder Judicial, las estrictas normas de resguardo, implican la necesidad de que cada juez o secretario realice los trámites de registro en forma personal en una oficina en la que se encuentra el equipamiento informático afectado a la firma de certificados, coordinando turnos para evitar que se afecte la prestación del servicio de justicia. Dicha dependencia cuenta con cuatro niveles de acceso físico que la separan de las áreas de libre circulación del edificio de Tribunales, de acuerdo a los estándares operativos de la Política Única de Certificación de Firma Digital, contenida en la Decisión Administrativa Nº 927/2014 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que consolida un conjunto de criterios para garantizar la interoperabilidad de la firma digital en la República Argentina.
Progresivo
Diferentes áreas del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos trabajan desde 2014 en la ejecución del proyecto de utilización progresiva de la Firma Digital en el ámbito interno de gestión, para luego ir ampliando su utilización hacia la comunicación con otras jurisdicciones y reparticiones públicas.
Así lo dispuso el Alto Cuerpo, en el Acuerdo General 21/14 del 01/07/2014 Punto 3º, al aprobar el Plan Piloto para la implementación de la nueva herramienta tecnológica, en una primera etapa, en el marco de trámites administrativos del Poder Judicial, por ejemplo, en materia de licencias que se conceden por Secretaría y respecto de las solicitudes que presenten los empleados de la Oficina de Notificaciones son asiento en Paraná. En el futuro, el recurso deberá ser aplicable también a los actos jurisdiccionales e inter jurisdiccionales, en pos de un intercambio más ágil y seguro entre los Tribunales y la ciudadanía, para mejorar las comunicaciones, hacer más eficiente la gestión, reducir costos, disminuir el uso de papel como soporte de la información, y acotar tiempos en las tramitaciones.
El plan gradual implicó, en primer lugar, el trámite correspondiente ante la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, que es la Autoridad Certificante, es decir, la entidad responsable de emitir y revocar los certificados de firma digital. Luego se trabajó en la adecuación de infraestructura informática, diferentes instancias de entrenamiento del personal técnico, y la designación y capacitación de diversos funcionarios que intervienen como actores del plan (Ver aparte, "Actores del plan").
El siguiente paso consistió en la emisión de certificaciones de servicios para determinar fehacientemente que quienes solicitan la firma digital sean funcionarios o agentes del Poder Judicial. Posteriormente, se produce el envío de la solicitud de certificado, en el que la ONTI se asegura la veracidad de los datos del peticionante. Finalmente, se cumple con el trámite del registro de cada firma.
