A ocho meses de la muerte de Guillermo Ramírez, ocurrida bajo custodia policial en Libertador San Martín, la causa avanza hacia una etapa decisiva. El abogado querellante explicó a Elonce que restan los últimos informes periciales antes de solicitar la remisión a juicio.
La investigación por la muerte de Guillermo Ramírez, ocurrida hace ocho meses mientras se encontraba bajo custodia policial en la Comisaría de Libertador San Martín, avanza hacia una instancia crucial. El expediente, nutrido de más de cincuenta testimoniales, pericias y registros audiovisuales, se encuentra próximo a cerrar la etapa de instrucción.
El abogado querellante, Nélson Schlotahuer, confirmó a Elonce que “estamos a la espera de la última parte de la prueba pericial que tiene que ver con la autopsia”. Recordó que el informe preliminar había establecido que Ramírez “murió por asfixia mecánica” y presentaba “una gran cantidad de traumas y golpes sufridos bajo custodia policial”.
Según explicó el letrado, “faltaban los informes complementarios, entre ellos el anatomopatológico, los estudios de drogas y el examen toxicológico”. Algunas pruebas debieron enviarse fuera de la provincia: “El screening de drogas se realizó en Santa Fe, porque en Entre Ríos no se podía hacer”, detalló.
Hacia el pedido de elevación a juicio
Schlotahuer adelantó que “en unos 15 o 20 días la causa va a reunir prácticamente todos los elementos probatorios y estaría muy cercana a poder realizarse la audiencia de revisión a juicio”. En ese marco, “a las personas imputadas se les reformulará la imputación y se pedirá la remisión a juicio oral”.
El caso involucra a cuatro funcionarios policiales —dos hombres y dos mujeres— que se desempeñaban en la Comisaría de Libertador San Martín. El abogado sostuvo que “se les inició un sumario administrativo, aunque el Estado provincial no ha suministrado información al respecto, pese a que lo solicitamos incluso en agosto, durante una reunión con el Comité de Prevención de la Tortura”.
“Hay personas que ejercieron la violencia física en forma directa y otras que omitieron actuar o realizaron conductas que favorecieron el hecho”, remarcó Schlotahuer.
El abogado querellante también describió la situación de la familia de Ramírez, que “aún no pudo despedir sus restos” ya que el cuerpo permanece en la morgue judicial de Victoria. “No quisimos que la familia pasara por una situación como la de la familia Goyeneche en Paraná, que debió atravesar una exhumación después de un año”, indicó.
La viuda de Guillermo Ramírez, empleada de limpieza del Sanatorio Adventista del Plata, “atraviesa una situación económica muy precaria, con dos hijos adolescentes”, explicó Schlotahuer. “Incluso gestionó un subsidio para poder realizar el sepelio, un derecho básico que el Estado debería garantizar en estos casos de violencia institucional”, subrayó.
Una muerte bajo custodia policial
Sobre los hechos que derivaron en la muerte, el abogado reconstruyó que Guillermo Ramírez se encontraba en una plaza de Libertador San Martín tomando una cerveza, cuando fue abordado por dos policías tras un llamado de un vecino. “Las cámaras registran el momento en que lo reducen, lo golpean y lo cargan en la parte trasera de una camioneta policial”, relató.
Luego, los agentes lo trasladaron a la Comisaría de Libertador, donde “la jefa de dependencia decidió enviarlo a la Jefatura de Policía de Diamante, sin derivarlo al hospital cercano”. Al llegar a Jefatura, “lo bajaron desvanecido y sin signos vitales”.
Schlotahuer relató que “un funcionario advirtió su estado y ordenó llevarlo al hospital”, pero ya era tarde. “Los policías lo tiraron a la caja de la camioneta y, al llegar, los médicos constataron su muerte”.
Reclamos por la violencia institucional
“Esta es una historia gravísima de muerte bajo custodia policial, en un contexto de violencia institucional”, enfatizó el abogado. Destacó el trabajo de la Fiscalía de Diamante y consideró que el caso “reafirma la necesidad de debatir los mecanismos del Estado para asistir a las víctimas de violencia institucional”.
El letrado sostuvo que, en Entre Ríos, “cuando la Policía está involucrada, los laboratorios de la fuerza no deberían intervenir en las pericias”, ya que eso “limita la independencia de la investigación”. Propuso avanzar con una reforma legislativa que garantice procedimientos más ágiles y transparentes.
Un pedido de justicia pendiente
A casi un año del hecho, la familia Ramírez espera que la causa llegue finalmente a juicio. “Solo pedimos justicia —expresaron sus allegados—, ese valor moral y legal que permita cerrar un ciclo doloroso y despedirlo en paz”.
El caso Guillermo Ramírez se ha convertido en un emblema de la lucha contra la violencia institucional en Entre Ríos y del reclamo de las familias que aún esperan respuestas del Estado.
