REDACCIÓN ELONCE
Jessica Escobué, mamá de una adolescente con discapacidad, expresó su dolor ante el posible veto presidencial a la ley que declaró la emergencia en discapacidad. “No vamos a bajar los brazos”, sentenció a Elonce.
El Senado de la Nación sancionó por unanimidad la ley que declara la emergencia para el sector de la discapacidad hasta diciembre de 2027. La normativa fue aprobada con 55 votos afirmativos y ningún voto en contra, en una sesión que coincidió con una movilización frente al Congreso Nacional. La iniciativa apunta a garantizar partidas presupuestarias para saldar deudas con prestadores y mejorar los pagos a enfermeros, transportistas y acompañantes.
Además, la ley busca agilizar auditorías y otorgamiento de pensiones no contributivas. Según datos legislativos, en los últimos 14 meses solo se otorgaron 586 pensiones de un total de 500.000 solicitudes. También se prevé un aumento para quienes trabajan en talleres protegidos, quienes actualmente cobran $28.000 mensuales, sin actualización desde febrero de 2023.
La medida podría implicar un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Al respecto, Jessica Escobué, madre de una joven con discapacidad e integrante del Colectivo de Discapacidad, celebró la aprobación de la ley pero apuntó contra el presidente Javier Milei, quien anticipó que vetaría la ley sancionada por el Congreso: “No podemos comprender cómo alguien puede tener tanta cizaña contra personas tan vulnerables”. “Es muy doloroso ver cómo se ríe de nuestras familias”, lamentó.
Escobué forma parte de un colectivo de familias que, desde hace años, sostiene una lucha constante para garantizar derechos básicos de las personas con discapacidad, como el acceso a tratamientos y el acompañamiento profesional. “Desde que nació, levanté la bandera por los derechos de mi hija, porque ella no es un número, es un ser humano que merece calidad de vida”, sentenció.
También se refirió a la realidad de los prestadores que, por falta de pago, deben abandonar a los pacientes: “Los chicos generan vínculos con terapistas, y cuando no cobran en meses, tienen que irse. Y ese cambio afecta profundamente a nuestros hijos”.
Escobué mencionó que hay escuelas integrales, centros de día y transportistas “sosteniendo los servicios como pueden”; y apuntó a la falta de respuesta estatal: “Ya no depende de las obras sociales, esto es una decisión del gobierno”.
“Muchos prestadores están trabajando por amor al arte”, denunció al cuestionar la demora en los pagos a instituciones vinculadas al tratamiento de la discapacidad.
Finalmente, reafirmó la lucha del colectivo de discapacidad: “No nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando para que nuestros hijos vivan con dignidad”.
