La vocal de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (Apadea) de Paraná, Marcela Tornelli, informó que si bien se reglamentó parcialmente la ley de discapacidad no se ha avanzado en los puntos neurálgicos de la norma.
Según explicó Tornelli, la ley de discapacidad “se reglamentó parcialmente”. Concretamente, lo que tiene que ver “con los entes autárquicos, viviendas, becas y transporte pero no conozco la letra fina porque nunca me mandaron el proyecto”.
Respecto a la ley de autismo “habíamos quedado que si dentro de la reglamentación que se proponía estaban contenidos los puntos que queríamos, la ley de autismo podía esperar, pero no tenemos ninguna de las dos”, lamentó.
En el caso de la norma provincial sobre discapacidad, faltan reglamentar cuestiones fundamentales. “Dentro de los puntos neurálgicos están los fondos que se dedican a todo lo que tiene que ver el mejoramiento de la calidad de vida, la detección precoz, los centros de rehabilitación y de inserción”, enumeró la vocal. Además, “la educación también es fundamental. Dentro del sistema educativo no hay cabida para nuestros hijos con autismo”, agregó.
Por otro lado, “lo que tiene que ver con la obra social. El Iosper cuenta con fondos específicos para lo que es discapacidad en general, que es un monto altísimo. Pero si estas leyes tuvieran previsto algún fondo que le diera un poco de aire a la obra social creo que esto funcionaría mucho mejor y las prestaciones serían menos engorrosas y mas rápidas”, opinó la referente de Apadea.
“Hay muchos papás que dependen para el tratamiento de su hijo solo de la obra social y si ésta no contempla todos los aspectos de su rehabilitación no lo pueden hacer porque los costos son altísimos. Por eso, si hubiera fondos para esos casos sería ideal. La detección precoz y el tratamiento a la temprana edad mejora la calidad de vida y el mejor desenvolvimiento y autonomía de los chicos”, reflexionó.
Por todo esto, “en la primera reunión que tenga Apadea, seguramente en febrero, analizaremos que está pasando con la ley. No se ha avanzado demasiado, o mucho menos de lo que nosotros pretendemos”, concluyó Tornelli, en diálogo con APF.
<b>Reglamentación parcial</b>
A mediados de noviembre de este año se dio a conocer que mediante Decreto Nº 4102/2013, el Poder Ejecutivo reglamentó parcialmente la Ley Provincial de Discapacidad Nº 9891.
En este sentido, la Articuladora de Políticas Integrales de Discapacidad, a cargo del Instituto Provincial de Discapacidad, Flavia Mena, manifestó: “No es menor el hecho que se hayan reglamentado disposiciones generales y especiales de la ley, como es aquello que hace a las propias competencias de nuestro organismo, pensadas desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“Tampoco es menor aquello que hace al Certificado Único de Discapacidad, el acceso al sistema ampliado de becas a nivel provincial mediante el Inaubepro, a viviendas a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), y aquello relativo al transporte gratuito de pasajeros”, agregó.
Por otra parte, la funcionaria destacó que “el texto de reglamentación propuesto ha sido elaborado conforme el aporte y la construcción conjunta con las personas con discapacidad, las organizaciones sociales de y para personas con discapacidad, como así también con los Organismos involucrados en el texto de la ley, con competencia en la temática como lo son Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), el Instituto Becario Provincial (Inaubepro) y la Dirección Provincial de Transporte”.
En nuestra provincia, la reciente reforma constitucional ha incorporado el artículo 21, en el que se consagran constitucionalmente los derechos de las personas con discapacidad. “Concordante con nuestro basamento institucional, hemos de propender a la promoción y protección en pos de asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad; desde la generación de una estrategia de impacto provincial con visión consolidada e integral a corto, mediano y largo plazo para mejorar el bienestar de las mismas. Para ello hemos de acordar políticas, desarrollar programas e implementar acciones basadas en el trato igualitario, la participación e inclusión plenas y efectivas en nuestra sociedad”, expresó la titular del Instituto.
