Presentaron un proyecto para desregular el mercado inmobiliario. En línea con las políticas de desregulación que promueve el Gobierno nacional, el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni presentó un proyecto de ley que busca eliminar la exigencia de contar con título universitario o matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario en Argentina. La iniciativa fue bautizada por el legislador como “Ley de libertad inmobiliaria”.
El proyecto propone habilitar a cualquier persona a operar en el mercado inmobiliario sin restricciones formales ni geográficas, y con libertad para acordar honorarios. Entre sus principales puntos, plantea la eliminación de la inscripción obligatoria en registros o cámaras profesionales, la supresión de límites jurisdiccionales y la desregulación de los aranceles fijos o mínimos en las comisiones.
Otro aspecto relevante es que busca quitarle a los colegios profesionales la facultad de sancionar a quienes ejercen sin matrícula. Según se detalla en el texto, estas entidades mantienen un “monopolio” sobre la actividad que restringe la competencia. Como respaldo, se mencionan casos de países como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde operan con menos restricciones.
“Una actividad comercial más”
De acuerdo con Bongiovanni, el objetivo central es devolver la intermediación inmobiliaria a la esfera comercial, quitándole su carácter de profesión regulada. “El objetivo es volver a poner la intermediación inmobiliaria en el ámbito comercial, que es el ámbito nacional. Quitarle regulación para que la pueda realizar cualquier persona”, explicó.
Además, el legislador del PRO fue crítico con el rol de los colegios profesionales. “Para mí los colegios profesionales en general no me gustan demasiado. Con el inmobiliario tengo un problema, ya que la actividad inmobiliaria, desde mi concepción, es una actividad comercial más”, afirmó.
Las declaraciones del diputado generaron un inmediato rechazo en el sector. La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) expresó su preocupación y criticó duramente la propuesta por considerar que pone en riesgo la calidad del servicio y los derechos de los consumidores.
Rechazo desde la Cámara Inmobiliaria
Nancy Vieitez, presidenta de la CIA, señaló que la experiencia internacional no respalda la desregulación total del sector. Según advirtió, en los países donde se eliminaron los controles, los resultados fueron negativos. “La falta de regulación podría deteriorar la calidad del servicio, fomentar la competencia desleal, aumentar los fraudes y debilitar un sector clave de la economía”, alertó.
Como respuesta, la Cámara propuso una alternativa que apunta a modernizar el sector sin resignar garantías. Entre sus planteos, promueven la creación de un Registro Nacional de libre jurisdicción, la implementación de un sistema MLS de colaboración entre agencias inmobiliarias, y la legalización de la figura del agente inmobiliario auxiliar bajo supervisión profesional.
También plantean que estos agentes puedan trabajar como monotributistas, con el objetivo de formalizar la actividad sin necesidad de desregular completamente el sistema.
Puntos principales de la iniciativa
Entre los puntos clave del proyecto de Bongiovanni se destacan:
-Eliminar la obligatoriedad de título o matrícula para ser corredor.
-Permitir la actividad en todo el país sin límites jurisdiccionales.
-Suprimir la inscripción en registros o cámaras profesionales.
-Quitar aranceles fijos o mínimos en comisiones.
-Eliminar la capacidad sancionadora de los colegios.
-Trasladar el control de la actividad al mercado y la justicia ordinaria.
-Considerar la intermediación inmobiliaria como una actividad comercial común.
Una idea en sintonía con el plan oficial
El proyecto del diputado se enmarca en un plan más amplio que evalúa el Gobierno nacional para desregular el mercado inmobiliario. A comienzos de año, fuentes oficiales habían adelantado que se analizaban medidas para flexibilizar los requisitos de ingreso a la actividad, entre ellos la eliminación de la matrícula o colegiación obligatoria.
Según trascendidos publicados por Infobae, el objetivo es reducir trabas burocráticas, bajar costos de operación y facilitar el ingreso de nuevos actores al sector. Voceros del área económica indicaron que se trata de una estrategia orientada a fomentar la competencia y alentar inversiones.
No obstante, al igual que ahora, esas primeras señales ya habían generado alertas entre las cámaras y colegios profesionales, que advirtieron sobre un posible aumento de la informalidad, mayor exposición al fraude y una baja en los estándares del servicio.
