Granja Tres Arroyos SA, la mayor compañía del grupo de la familia De Grazia, acudió a la Justicia ante su delicada situación financiera. Registra más de 6.700 cheques rechazados y deudas bancarias millonarias. La crisis también impactó en su planta de Entre Ríos.
Granja Tres Arroyos pidió la apertura de un concurso de acreedores en medio de la profunda crisis económica, financiera y productiva que atraviesa el principal grupo avícola del país. La presentación correspondió a Granja Tres Arroyos SA, la compañía de mayor tamaño dentro del entramado empresarial controlado por la familia De Grazia.
De acuerdo con lo informado por Clarín, el proceso quedó registrado bajo el expediente COM 018558/2026 y recayó en el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, de la Justicia Nacional en lo Comercial. La decisión se produjo pocos días después de que WADE, ex Cresta Roja y también integrante del grupo, avanzara por el mismo camino.
De acuerdo con registros del Banco Central citados en la información conocida sobre la situación empresarial, Granja Tres Arroyos SA acumula 6.702 cheques rechazados por $114.425 millones y deudas bancarias por otros $41.827 millones. En conjunto, ambos conceptos superan los $156.000 millones.
Una crisis con impacto en Entre Ríos
La presentación judicial se produjo después de más de un año de dificultades para sostener la actividad y ante la imposibilidad de reestructurar los compromisos con los acreedores. Estimaciones sobre el pasivo global del grupo lo ubican por encima de los USD$350 millones.
La crisis también repercutió sobre el empleo. Distintas plantas permanecieron paralizadas o funcionaron por debajo de su capacidad, mientras el grupo avanzó con una reducción de personal. La compañía contaba originalmente con alrededor de 6.500 trabajadores.
Entre las desvinculaciones informadas se encuentran unas 480 correspondientes a trabajadores de Concepción del Uruguay, además de 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.
En la provincia de Buenos Aires continuaba vigente una conciliación obligatoria que había dispuesto la reincorporación de 1.200 trabajadores. La medida vencía este jueves, cuando estaba prevista una nueva audiencia entre representantes gubernamentales, sindicatos y la empresa, aunque existía la posibilidad de extenderla otros cinco días.
Las razones que argumentó la compañía
En el marco del conflicto laboral, la empresa había atribuido su situación a una "grave disminución de trabajo" provocada, según sostuvo, por circunstancias extraordinarias que afectaron el normal funcionamiento de la actividad.
Entre las causas mencionó la gripe aviar y el cierre de exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el incremento de los costos. Según la compañía, esa combinación generó un profundo deterioro económico, financiero y productivo.
También señaló que sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos incidieron sobre la producción y los niveles de faena. La firma aseguró que adoptó medidas para intentar preservar la explotación y la mayor cantidad posible de puestos laborales, aunque consideró que resultaron insuficientes.
El pedido de concurso preventivo busca ahora ordenar el pasivo y negociar judicialmente con los acreedores, mientras permanece abierta la incertidumbre sobre el futuro productivo del grupo y sus trabajadores, incluidos los afectados en Concepción del Uruguay.
