La medida eliminó 58 normativas vinculadas a programas de financiamiento y control de precios. El Ejecutivo sostuvo que busca simplificar regulaciones y reducir la incertidumbre jurídica.
El Gobierno nacional derogó de manera definitiva las normativas que regulaban los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, junto con otras disposiciones vinculadas al comercio interior. La decisión quedó plasmada en la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, mediante las cuales se dejaron sin efecto 58 normas que habían sido dictadas principalmente entre 2022 y 2023.
La medida se enmarcó en el proceso de desburocratización impulsado por la administración de Javier Milei y tuvo como objetivo simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores, además de reducir la cantidad de regulaciones vigentes.
Desde el Gobierno señalaron que las disposiciones derogadas habían quedado sin efecto práctico tras la finalización de los programas que les dieron origen y que su permanencia generaba complejidad normativa.
Argumentos oficiales
Según explicaron fuentes oficiales, las nuevas disposiciones buscan aportar mayor claridad al marco legal vigente y facilitar la interpretación de las normas por parte de ciudadanos, empresas y operadores jurídicos.
“Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual. A la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado”, indicaron desde el Ejecutivo.
Entre las normas eliminadas se encuentran 22 vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), una herramienta creada para intervenir en los precios de la cadena triguera.
Fin definitivo de Ahora 12 y Cuota Simple
El paquete de derogaciones incluyó además 30 normativas asociadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, sistemas que promovían el consumo mediante la financiación en cuotas con tasas subsidiadas o inferiores a las del mercado.
De acuerdo con la explicación oficial, estos programas representaban una modalidad de intervención indirecta sobre las condiciones crediticias y ya habían perdido vigencia tras la decisión de no renovar Cuota Simple, que concluyó en junio de 2025.
Ese programa había reemplazado a Ahora 12 y permitía financiar compras con tarjeta de crédito en tres y seis cuotas fijas. Miles de comercios de todo el país se habían adherido al esquema para ofrecer alternativas de financiamiento a los consumidores.
Cambios en educación y consumo
La normativa también dejó sin efecto cuatro disposiciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar con anticipación los aumentos de aranceles.
Según el Gobierno, esa obligación “generaba distorsiones de precios, ya que los colegios fijaban aumentos preventivos y arbitrarios”.
Asimismo, fue derogada una normativa complementaria del programa Precios Cuidados, iniciativa implementada en 2014 para establecer acuerdos de precios sobre alimentos, artículos de limpieza, productos de higiene personal y otros bienes de consumo masivo.
Menos regulaciones y simplificación administrativa
Las nuevas disposiciones también eliminaron mecanismos que, según el Ejecutivo, duplicaban procedimientos administrativos en materia de defensa del consumidor.
Entre ellos se derogó la Resolución 236/2021, que habilitaba a adolescentes de entre 13 y 17 años a presentar reclamos como consumidores mediante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.
El Gobierno justificó la decisión al considerar que la normativa vigente ya garantiza la protección de los derechos de adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, por lo que la medida apunta a evitar superposiciones regulatorias y simplificar los procesos administrativos.
En los fundamentos de la resolución se sostuvo que la derogación de las normas vinculadas a los programas de financiamiento “se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital”.
Además, el texto oficial remarcó que “la eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica”.
