“La eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente”, advirtió la Cámara Argentina de la Construcción.
El cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, oficializado por el Gobierno el pasado martes mediante un decreto, generó una fuerte reacción en el sector empresario. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresó su "preocupación" por esta decisión que, además de disolver un organismo técnico con casi un siglo de historia, traslada sus funciones al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional.
"El traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional genera una fuerte incertidumbre", advirtió la cámara en un comunicado oficial. Bajo la presidencia de Gustavo Weiss, la entidad subrayó que "la eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente".
CAMARCO también hizo hincapié en el valor histórico de Vialidad Nacional y su rol en el desarrollo federal del país. "Vialidad Nacional garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones", afirmó la entidad, que representa a cientos de empresas de la industria de la construcción.
Incertidumbre sobre la continuidad de obras y el empleo
El mensaje de CAMARCO también apuntó al desconcierto que provoca la reestructuración del sistema de transporte y control, que incluye la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Esta decisión preocupa al sector por su impacto en la continuidad de obras estratégicas, el empleo y la articulación público-privada.
"Hay preocupación por la continuidad de obras estratégicas, el impacto en el empleo y la afectación de la articulación público-privada que durante décadas sostuvo el desarrollo de la infraestructura vial", advirtió la entidad. También se encendieron las alertas por el mantenimiento de los más de 30 mil kilómetros de red federal que no se concesionarán al sector privado, lo cual —según el comunicado— podría tener un fuerte impacto en la logística, la producción y la vida cotidiana de miles de argentinos.
Desde la cámara enfatizaron que "la inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional". En ese sentido, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que abra instancias de diálogo con una mirada estratégica y federal, y reclamaron "obras sostenidas en el tiempo, con reglas claras y una visión federal del desarrollo".
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