REDACCIÓN ELONCE
Desde el INTA y Vialidad Nacional, detallaron su preocupación por las medidas del Gobierno nacional de impulsar la reestructuración de varios organismos estatales.
Desde hace meses, distintos organismos públicos nacionales atraviesan un proceso de reestructuración, despidos y recortes que preocupa a miles de trabajadores y comunidades enteras. Vialidad Nacional enfrenta directamente el cierre de su estructura, mientras el INTI y el INTA -dos pilares en ciencia, tecnología y producción- ven recortadas funciones clave.
Los trabajadores explican que no se trata sólo de empleos: también están en riesgo servicios técnicos, investigaciones, y la presencia territorial en zonas donde el Estado es el único sostén. ¿Cuál es el impacto real de estas decisiones?
Según el Gobierno, estas reestructuraciones buscan optimizar recursos y mejorar la eficiencia, pero también se plantea el debate sobre cuál es el rol del Estado y cómo se protege el empleo frente a estas transformaciones.
Ernesto Massa, trabajador del INTA, Sebastián Beber, secretario gremial del sindicato vial, y Rubén Isaurralde, director del INTA Paraná, fueron los invitados de El Ventilador.
“Incertidumbre, temor y desolación”, fueron los adjetivos con los que comenzaron la entrevista los entrevistados al referirse a la actualidad de los organismos.
“Con respecto a Vialidad, la situación es muy difícil. Hoy tuvimos comunicación con el administrador, que hizo un zoom con todas las provincias y lo único que hizo fue leernos el decreto. Cómo seguimos no sabe, cuál es la reestructuración, qué va a pasar con los empleados tampoco lo sabe. El proyecto de decreto era sin la gente. A último momento se agregó un artículo que expresaba que seguían en funciones hasta que el Ministerio de Economía vuelva a organizar y eso se apruebe. Ahí iban a ver qué hacían con la gente”, sostuvo Beber.
Desde el sector del INTA, por su lado, refirieron: “Llevamos bastante tiempo con esto. Prácticamente desde principio de año sabíamos que iba a haber una modificación y un decreto. Lo que no hicimos fue paralizar. Nosotros seguimos trabajando como hemos hecho todos los días”. Luego, Isaurralde ahondó: “Genera mucha incertidumbre, ansiedad y cuando uno entraba a ver lo que salió en el decreto, tenía la esperanza de que algunas cosas no pasaran. Cambió la gobernanza, que no es una cosa menor. Dejamos de ser un organismo autárquico, con un consejo directivo público y privado, es decir, las políticas eran pensadas al mediano y largo plazo y hoy no tenemos eso. Cambió radicalmente eso”.
Sobre la responsabilidad que tiene el INTA, manifestaron: “Estamos en todos los lugares y pueblos. Tenemos agencias que ayudan y acompañan a un montón de productores que no pueden pagar asesoramiento. El objetivo del INTA es atender al productor y a su familia. Si uno mira en el decreto, hay una modificación y se le agregan dos o tres cosas, pero seguimos tanto con la investigación como con la extensión. La territorialidad que tenemos creo que es lo que nos pone o nos marca de una manera importantísima para el desarrollo del productor agropecuario y su familia. También atendemos un montón de economías regionales”.
“Hay un montón de actividades en las cuales el INTA presta un servicio a la investigación, sino también a la transferencia de esa investigación para que el productor pueda producir”, resaltó Isaurralde.
Retornando a Vialidad, se precisó la labor del organismo: “Vialidad tiene alrededor de 40 mil kilómetros de rutas, de las cuales la decisión del Gobierno es licitar 9.000. Las rutas que no van a ser concesionadas, el mantenimiento se encarga Vialidad. ¿Van a quedar sin mantenimiento? A nosotros nos desfinanciaron entre 150 mil millones de pesos en 2024. Como viene este año, no sabemos si vamos a seguir trabajando”.
En la cantidad de empleados del INTA, se mencionó que no hubo cambios en la planta: “Hace 37 años éramos 5.800. En 2025, somos 5.800”. Además, aclaró: “Para poder acceder, hay que concursar”. En la estación experimental de Paraná, son 122 trabajadores.
“Los trabajadores, para poder salir a trabajar, tienen que comprar los insumos. Ese es el desfinanciamiento que está sometiendo a los organismos públicos el Estado nacional”, comunicó.
