El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires extendió por cinco días la conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), en medio del conflicto por 1.200 despidos en tres plantas que la compañía posee en territorio bonaerense.
La decisión fue adoptada luego de una audiencia de más de cuatro horas desarrollada este lunes en la sede de la cartera laboral, en La Plata. La conciliación continuará vigente hasta el próximo viernes, cuando representantes de la empresa y del sindicato volverán a reunirse para intentar alcanzar una solución.
La medida había obligado a Granja Tres Arroyos a reincorporar a los trabajadores despedidos a principios de septiembre en las plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. Sin embargo, el gremio aseguró que esa disposición no se había cumplido.
El gremio cuestionó la extensión
Durante la audiencia, el STIA pidió expresamente que la conciliación obligatoria no fuera prorrogada. Según argumentó, mientras se mantenga vigente, los trabajadores afectados no pueden solicitar el fondo de desempleo.
Además, el sindicato sostuvo que los empleados involucrados en el conflicto no estaban percibiendo sus salarios. También denunció que quienes habían sido despedidos no fueron efectivamente reincorporados ni recibieron tareas dentro de las plantas.
Pese al planteo sindical, el Ministerio de Trabajo resolvió extender la medida durante otros cinco días y fijó una nueva instancia de negociación para el viernes.
Granja Tres Arroyos expuso su situación financiera
Por parte de la compañía, el apoderado del grupo empresario, Walter Carrizo, volvió a describir una delicada situación económica, financiera y productiva.
En ese marco, remarcó que se solicitó ante la Justicia Comercial que los concursos preventivos de WADE y Granja Tres Arroyos SA, junto con el de la cordobesa Avex SA, sean tramitados conjuntamente y se disponga su apertura.
Según quedó asentado en el acta de la audiencia, esa cuestión todavía se encontraba “pendiente de resolución definitiva”.
“Se ha requerido la urgente apertura de los procesos concursales, a efectos de avanzar hacia la designación de la sindicatura y obtener el tratamiento judicial de las medidas necesarias para normalizar el flujo financiero y operativo de las compañías”, explicó Carrizo.
La definición quedó en manos de la Justicia
Los pedidos para abrir los concursos y tramitarlos conjuntamente fueron presentados ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda.
El magistrado remitió posteriormente el expediente al Juzgado Comercial N°1. Sin embargo, su titular, Alberto Alemán, se declaró incompetente y devolvió la causa. De esta manera, Páez Castañeda deberá resolver cómo continuarán los procesos concursales.
Durante la audiencia, el representante empresarial también sostuvo que una parte importante de los fondos y cobranzas de las compañías estaba afectada por medidas cautelares y mecanismos de cobro relacionados con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales.
“Esta situación genera una extraordinaria restricción de liquidez y una severa afectación del flujo de fondos, limitando objetivamente la disponibilidad de recursos necesarios para atender normalmente las obligaciones corrientes y sostener el nivel habitual de actividad”, concluyó Carrizo.