El oficialismo presentó un nuevo proyecto de discapacidad, distinto al que había incluido en el Presupuesto 2027. Lo hizo este martes ante bloques aliados de la Cámara de Diputados, horas antes de la reunión de comisiones prevista para este miércoles al mediodía.
La iniciativa llegó después de la controversia que provocaron los cambios y propone mantener aspectos centrales del sistema de pensiones y prestaciones que habían quedado bajo discusión.
La propuesta conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones no contributivas y la actualización de las prestaciones, puntos alcanzados por los cambios que habían generado rechazo dentro y fuera de La Libertad Avanza.
El nuevo texto se denomina “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. En términos generales, retoma aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad que la oposición pretende prorrogar, pero propone establecerlos de forma permanente y elimina la palabra emergencia.
La presentación llegó después de que el proyecto de Presupuesto 2027 abriera la puerta a modificar el nomenclador de prestaciones y las condiciones de las pensiones. Esa propuesta provocó cuestionamientos de aliados del Gobierno, entre ellos el PRO y la UCR, y también diferencias dentro del propio oficialismo.
Qué propone el nuevo borrador
Según la información difundida sobre el texto, el oficialismo plantea sostener las pensiones no contributivas por discapacidad y su actualización. El borrador presentado a los aliados contempla que quienes perciban el beneficio puedan trabajar sin perderlo si sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También incluye acceso a cobertura de salud y beneficios impositivos para empleadores que incorporen a estas personas por tiempo indeterminado.
Otro punto central es la continuidad del nomenclador nacional de prestaciones básicas, con aranceles homogéneos y mecanismos de actualización. El proyecto de Presupuesto había abierto la posibilidad de modificar ese esquema. La frecuencia y el criterio de los futuros aumentos todavía requieren una definición en el texto que avance en el Congreso.
La iniciativa también incorpora auditorías, publicación de información sobre el sistema y coordinación con las provincias. Además, reconoce el derecho de los prestadores a cobrar compensaciones pendientes, que deberían abonarse según un cronograma de pagos.
Qué cambió respecto del proyecto anterior
Desde La Libertad Avanza defendieron el cambio de enfoque. “A diferencia de la transitoriedad, el contexto excepcional y el propósito coyuntural que define a la emergencia, nosotros proponemos incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico que, garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones, y beneficios sociales”, señalaron.
La reformulación acercó posiciones con legisladores aliados. Referentes del PRO y la UCR anticiparon su acompañamiento al nuevo texto, mientras que otros bloques provinciales reconocieron avances, pero mantuvieron abiertas las conversaciones antes de fijar una postura. La discusión continuará este miércoles a las 12 en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, convocado para avanzar con los dictámenes.
Los fondos, la discusión que sigue
La diferencia decisiva podría estar en el financiamiento. Al abandonar la figura de emergencia, la propuesta requeriría incorporar en el Presupuesto 2027 las partidas necesarias para cumplir sus medidas. Ese proyecto presupuestario ya fue enviado al Congreso y todavía debe debatirse.
Desde la oposición advirtieron sobre el riesgo de aprobar una ley sin recursos definidos. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, sostuvo: “La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada”.
Los bloques opositores impulsan extender la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente hasta diciembre de 2027. Argumentan que su aplicación se demoró y que, por ese motivo, sus efectos deben prolongarse. Así, aunque el nuevo borrador redujo las diferencias sobre pensiones y prestaciones, el acuerdo sobre los fondos y la continuidad de la emergencia sigue pendiente. (MDZ y Clarín)